El impacto del ajuste en los programas de Niñez

Actualmente, en Argentina,  tenemos uno de cada dos niños que es pobre, y uno de cada diez que es indigente. La situación se agrava por el desfinanciamiento que se registra en importantes programas sociales a nivel nacional, la pérdida de incidencia presupuestaria del área de Desarrollo Social en la Provincia y los pocos avances en la conformación de los consejos locales de Niñez en los municipios bonaerenses

Los propios indicadores de la Secretaria de Hacienda nos muestran que la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) viene registrando una marcada subejecución presupuestaria. El año pasado, por ejemplo, quedaron sin ejecutarse más de $600 millones, lo que equivale a unas 320.000 mil ayudas escolares anuales, en momentos en donde las propias cifras del INDEC muestran que tenemos 231 mil niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años que no asisten a la escuela. De ese total, el 30% tiene 4 años de edad.

Particular atención merecen los programas destinados a asistir a niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Este año, según los indicadores oficiales, las partidas del programa federal para promover y fortalecer espacios de primera infancia se redujeron en un 17%.

Los indicadores de pobreza e indigencia, en la población de hasta 14 años de edad, superan ampliamente lo registrado en otras franjas etarias, por lo que resulta inadmisible que las políticas de ajuste impacten en los programas destinados a estos sectores sociales. Las medidas de ajuste no solamente se dan partir de recortes de partidas presupuestarias, sino también a través de la subejecución y/o actualizaciones de fondos muy por debajo de las necesidades que plantean los indicadores inflacionarios. En ese sentido, el actual presupuesto de la Secretaria Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF) está apenas un 7% por encima de lo que se le asignaba en 2018, cuando la inflación anual en la actualidad supera el 54%.

 

La situación de desfinanciamiento también se registra en la Provincia, producto de la perdida de participación del área de Desarrollo Social en la masa de recursos del Estado bonaerense. En 2006, cuando el país se encontraba en una situación de crecimiento y expansión económica, se le asignaba el 5% del presupuesto del presupuesto provincial. Este año, en medio de la recesión y el aumento de la pobreza, apenas el 2,5%. Estamos hablando de una diferencia superior a los $47 mil millones. La responsabilidad no solo le atañe a este gobierno. Atraviesa distintas administraciones, de diferente color político, que pasaron por la Provincia en la última década.

Ante esta situación, se debe avanzar en la conformación de los Consejos locales en los municipios bonaerenses. En 2017, poco después de asumir en la Defensoría del Pueblo bonaerense, hicimos un relevamiento que arrojó que solo en uno de cada tres municipios estaban conformados los consejos locales de Niñez. Hoy estamos prácticamente en la misma situación. Los programas nacionales no llegan como deberían a la mayoría de los municipios.

Tenemos un marco normativo acorde a los más altos estándares del derecho internacional en lo que se refiere a la defensa del interés superior del niño. Fue sancionado por ley hace casi 15 años, y aún no hemos podido terminar de implementarlo en la Provincia.

Ante esta situación, desde el Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo bonaerense, de forma conjunta con el Instituto de Derechos del Niño de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), elaboramos una guía de promoción y difusión que tiene el objetivo de dar a conocer de forma clara y concisa el conjunto de organismos y operadores, establecidos por la ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños.

La iniciativa, que está siendo presentada en distintos municipios, se da en consonancia con el 30 aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, busca impulsar medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la mencionada Convención, en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y en otros tratados de Derechos Humanos rati­ficados por el Estado argentino.

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