Frenar la interferencia de las tabacaleras: urgencias y desafíos

Un ranking de América Latina publicado en 2020, que mide la interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas, muestra a la Argentina con uno de los peores indicadores del continente luego de Ecuador y Colombia.

En plena pandemia, y siendo el tabaquismo uno de los principales factores de riesgo en la letalidad del covid-19, las tabacaleras despliegan una fuerte ofensiva comercial y marketinera. Lo hacen en los márgenes del marco regulatorio vigente, aprovechando al máximo los vacíos legales, y con el claro objetivo de asegurarse una nueva generación de clientes.

El denominado Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera (IT) abarca a 57 países de todo el mundo. Es elaborado por Corporate Accountability y Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP), a partir de datos aportados por organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una encuesta global sobre la protección de las políticas de salud pública frente a la IT y cómo los gobiernos implementan medidas para frenarla[i].

Gráfico 1

 

Como puede verse en el Gráfico 1, el ranking muestra a la Argentina con 66 de puntuación, solo superada por Ecuador y Colombia. Dicho sistema establece que cuanto menor sea la puntuación, mejor es la calificación, y contempla una serie de variables vinculadas con la transparencia, el lobby, los conflictos de intereses, el nivel de interacción con los actores de la industria y las acciones preventivas[ii].

Cabe destacar que, en lo que se refiere a nuestro país, los datos vinculados a la gestión gubernamental corresponden al año 2018, cuando el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba a cargo de Mauricio Macri.

Dado las distintas normas sancionadas en las últimas dos décadas, que limitaron la publicidad y los espacios donde se puede consumir tabaco, cabe preguntarse: ¿A qué se debe que las tabacaleras sigan teniendo un nivel tan importante de interferencia en el desarrollo de las políticas públicas?

Un aspecto crucial es la no ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) que proporciona un marco para la adopción de medidas que reduzcan el consumo y la exposición al humo del cigarrillo. A su vez, la legislación nacional y provincial no ha ido aggiornándose a las nuevas estrategias comerciales y publicitarias de las tabacaleras, que se renuevan constantemente. A punto tal que se están expandiendo, de forma inusitada, en el negocio de los cigarrillos electrónicos o dispositivos similares (tales como el IQOS, un híbrido entre el vaporizador y un producto de tabaco tradicional).

Buscando clientes jóvenes

La industria tabacalera sigue teniendo un fenomenal poder de lobby, y constantemente busca fidelizar e incrementar su mercado de consumidores, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. Entre otras herramientas, se sirve de la publicidad en los puntos de venta: ubicación de los cigarrillos cercana a las golosinas; displays o exhibidores con iluminación, colores o diseños llamativos; promociones, concursos y obsequios; ubicación en lugares de alto transito como cajas o salidas y utilización de objetos atractivos.

A su vez, ante la imposibilidad legal de hacer publicidad en medios tradicionales, han recurrido a plataformas digitales: sitios web, redes sociales, acciones de e-mail marketing, entre otras. Antes de la pandemia, también desarrollaban estrategias comunicaciones directas, generalmente en eventos.

En todos los casos, las tabacaleras hacen especial hincapié en los cigarrillos con aditivos saborizantes y aromatizantes. Estas sustancias permiten disfrazar el verdadero sabor del tabaco (chocolate, mentol, menta, frutos del bosque, uva, etc.), haciéndolo más tolerable pero no por ello más saludable. La estrategia apunta a querer asociar arbitrariamente el tabaco con conceptos tales como “frescura”, “colorido”, “diversión”, “balanceado”. 

Buscan dar la idea de que se puede elegir dentro de una amplia variedad y que, en cierta forma, el acto de fumar forma parte de un acto libertad. No por casualidad el slogan de la principal marca de cigarrillos sea  “Vos Decidís”.

 Otra estrategia apunta a ofrecer a los fumadores más por el mismo el precio. Así como las panaderías de barrio ofrecen docenas con 14 unidades, los atados de 10 en realidad traen 12 saborizados.

Perjuicios por no ratificar el CMCT

Argentina es el único país de América del Sur y uno de los pocos del mundo que firmó el CMTC y no lo ha ratificado. Ello deja a nuestro país fuera de las acciones internacionales consintiendo la interferencia de las tabacaleras. 

En efecto  el CMCT tiene una serie de herramientas, medidas y mecanismos de cooperación internacional que no pueden ser sustituidos por políticas nacionales.

El Artículo 5.3 del Convenio (protección de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera) se considera la columna vertebral del tratado. De su aplicación efectiva depende el éxito del resto de las medidas del tratado.

Las Directrices para el artículo 5.3 quieren asegurar que los gobiernos hagan todo lo posible para proteger de manera efectiva el control del tabaco ante las interferencias de la industria tabacalera y los instan enérgicamente a que se adopten medidas más allá de esas directrices.

Cabe consignar, además, las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a que “el tabaco contribuye a la pobreza a través de la pérdida de ingresos, pérdida de productividad, enfermedad y muerte”.

En definitiva, tabaco, pobreza e intereses de grandes corporaciones transnacionales conforman un círculo vicioso del que es difícil escapar.

 

 

 

 

 

 

[i] El Índice fue iniciado por la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático (SEATCA por sus siglas en inglés) como un informe regional en 2014. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y el programa Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP) ahora es parte de una publicación global del Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco de la Universidad Thammasat de Bangkok (Tailandia). https://noalainterferenciatabacalera.com/

[ii] Las variables que tiene en cuenta el ranking son:

Nivel de participación de la industria en la elaboración de políticas gubernamentales: el gobierno  acepta, apoya o recibe ofrecimientos de asistencia por o en colaboración de la industria tabacalera en el establecimiento o implementación de políticas de salud pública relacionadas al control de tabaco; el  gobierno  acepta,  apoya  o  apadrina  propuestas  de  políticas  o  leyes  elaboradas  por  o  en  colaboración  de  la  industria  tabacalera; el  gobierno  permite  o  invita  a  la  industria  tabacalera  o  sus  representantes  a  ocupar  un  lugar  en  mesas  interinstitucionales,  comités multisectoriales u órganos asesores en donde se establecen políticas de salud pública; el  gobierno  nomina  o  permite  representantes  de  la  industria  tabacalera   en   la   delegación   de   la   COP,   o   de   otros   órganos   subsidiarios,  o  bien,  aceptaba  patrocinios  para  los  delegados. 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): las agencias de gobierno o sus oficiales aceptan, apoyan o forman alianzas con o participan en las actividades RSE organizadas por la industria tabacalera; el gobierno, sus agencias y oficiales reciben contribuciones (monetarias o de otro tipo) de la industria tabacalera (incluyendo contribuciones RSE).

Beneficios hacia la industria: el gobierno acomoda solicitudes de la industria tabacalera para retrasar la implementación advertencias sanitarias o posponer leyes en relación al control del tabaco; el gobierno da privilegios, incentivos, exenciones o beneficios a la industria tabacalera.

Formas de interacción: los funcionarios de gobierno de alto nivel se reúnen o fomentan relaciones con las compañías tabacaleras, como por ejemplo asistir a eventos sociales y otros eventos patrocinados u organizados por las compañías tabacaleras o en función de sus intereses; el gobierno acepta asistencia u ofrecimientos de asistencia de la industria tabacalera para la aplicación; el gobierno acepta, apoya, recibe o participa en alianzas o acuerdos con la industria tabacalera.

Transparencia: el gobierno no divulga públicamente las reuniones o interacciones con la industria tabacalera en casos en que es estrictamente necesario llevarlas a cabo por temas de regulación; el gobierno establece normas para la declaración o registro de entidades de la industria tabacalera, organizaciones afiliadas e individuos actuando en su representación, incluidos los asesores de lobby o grupos de presión

Conflictos de interés: el gobierno no prohíbe las contribuciones de la industria tabacalera, o cualquier entidad asociada a sus intereses, a partidos políticos, candidatos o campañas políticas, ni requiere una declaración de estas contribuciones; altos funcionarios gubernamentales retirados forman parte de la industria tabacalera; funcionarios de gobierno y sus familiares ocupan puestos de trabajo en la industria tabacalera, incluyendo consultores externos.

Acciones preventivas: el gobierno ha establecido un mecanismo para revelar los registros de interacciones con la industria tabacalera y sus representantes; el gobierno ha creado, adoptado o implementado un código de conducta para funcionarios públicos estableciendo los estándares mínimos que deben acatar al interactuar con la industria tabacalera; el gobierno solicita a la industria tabacalera que periódicamente rinda información sobre la producción de tabaco, manufactura, participación en el mercado, gastos de marketing, ganancias y cualquier otra actividad incluyendo, lobby, actividades filantrópicas, contribuciones políticas y otras; el gobierno tiene un programa, sistema o plan para que de forma consistente se cree conciencia en sus dependencias sobre las políticas relacionadas a las Guías del Articulo 5.3 del Convenio Marco para el Control de Tabaco; el gobierno ha establecido una política para rechazar la aceptación de toda forma de contribución o regalo de la industria tabacalera (monetaria o de otro tipo), incluyendo ofertas de asistencia, propuestas de ley o políticas, invitaciones a actividades académicas ofrecidas al gobierno central, sus dependencias, funcionarios o sus familiares.

 

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