El mismo día que se conoció que solo 41 de cada 100 jóvenes termina el colegio secundario en la Argentina, el gobierno nacional anunció la creación del polémico Servicio Cívico Voluntario en Valores
A través de la Resolución 598/2019, el Ministerio de Seguridad puso en marcha un “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, asignándole a la Gendarmería Nacional las tareas de “implementación”.
A pesar del anuncio público poco y nada se informa sobre las características, alcances y utilidad de este “servicio”, ni de cómo el mismo logrará cumplir el objetivo de “estimular la finalización del ciclo educativo obligatorio”.
Cabe preguntarse: ¿No sería mejor que el gobierno nacional se concentre en solucionar las causas profundas de la deserción escolar en lugar de recurrir a medidas demagógicas?
La Gendarmería no es el instrumento idóneo para la tarea asignada ya que –la formación de niños y jóvenes– ni siquiera está mencionada en su ley orgánica, función que le compete exclusivamente al área de seguridad. La información en el texto de la resolución y sus anexos es vaga y poco precisa, no existiendo un equilibrio entre la relevancia de la medida anunciada y su justificación en cuanto a sus razones de mérito, oportunidad y conveniencia.
Llama la atención que en el visto de la resolución se cite en una misma oración a la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, y seguidamente a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entendemos que el ámbito natural, legalmente instituido, para que desde el Estado se impartan “oportunidades de formación a los jóvenes, capacitación en valores democráticos y republicanos, que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, y la capacitación en nuevas destrezas y habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes…” es la escuela y no un cuartel.
Asimismo, no se explicita de qué manera este “servicio”, dirigido a niños y jóvenes de entre 16 – 20 años, se integrará y armonizará con la obligatoriedad escolar hasta nivel secundario, establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206. Solo se menciona al pasar que se buscará “la finalización del ciclo educativo obligatorio”: ¿cómo?, ¿de qué forma?, ¿con qué carga horaria y currícula? Nada.
Se menciona que el objeto de la creación de este “servicio” seria funcionar “como ámbito de cohesión e integración social”. Sin embargo, este noble objetivo se alcanza por medios más simples y probados como la educación, la salud, la alimentación adecuada, la familia y el barrio saneado y seguro.
La preeminencia del trabajo educativo no puede verse obturado por una decisión que excede el marco de la competencia de la Ministra que se dan en el orden de la estructura de los gendarmes, que objetivamente tienen metodologías vinculadas al control de las conductas sobre principios punitivistas. Además, la Ley N° 19.349 (Ley Orgánica de la Gendarmería Nacional), establece que se trata de una fuerza de seguridad militarizada, no se menciona que sea parte de su misión, objetivos o funciones el ejercicio docente y/o de capacitación o formación de niños y jóvenes, con lo cual se pone en evidencia que esta institución no está preparada para cumplir con la misión asignada.
Creemos que se sigue deformando el rol principal de la Gendarmería Nacional que es la vigilancia de las fronteras nacionales. Este proceso comenzó en los años 90´cuando se utilizó a esta fuerza para la represión de la protesta social. Posteriormente, ya en los 2000, se desplegaron gendarmes en el Conurbano para realizar tareas de seguridad interior propias de la Policía Federal y de las respectivas policías provinciales. Ahora se le quiere asignar un nuevo rol, el cual ni le es propio, ni se encuentra capacitada para ofrecerlo, distrayendo recursos humanos y materiales de su función específica.
Un país que no sabe qué hacer con su juventud, que no la educa, no la sana, no la cuida, no previene las adicciones, y no es capaz de ofrecerles un futuro claro, donde 1 de cada 2 niños es pobre, y 1 de cada 2 jóvenes no termina el secundario, está condenado al fracaso.
Un gobierno que no entiende que el ámbito adecuado para ofrecer oportunidades de capacitación y progreso social es la escuela, la Universidad, el club o el trabajo formal, debe repensar toda su política y ofrecer respuestas apropiadas y soluciones concretas a los graves problemas sociales y económicos que estamos atravesando. Sobretodo, debería evitar querer distraernos con propuestas estrafalarias, meramente electoralistas.
Es inentendible que el Estado Nacional pretenda educar en valores y ofrecer capacitación en oficios en un lugar tan poco amigable como un cuartel militar. Si tal es el objetivo perseguido creemos infinitamente más adecuados recurrir a los ámbitos de formación como las escuelas públicas a contraturno, clubes sociales o incluso las escuelas de oficios de los gremios.
Esta crítica no va dirigida a la Gendarmería Nacional, una institución que ha sabido trabajar y ganarse un importante reconocimiento social, a través de sus acciones de combate al delito y al narcotráfico, hasta la asistencia a la población en situaciones de catástrofes climáticas. Todas tareas que le son propias, y no ajenas como la propuesta en la Resolución 598/2019. Pero la inclusión de los jóvenes y la educación en valores también implica que si se habla de narcotráfico también se hable de la demanda, siendo incongruente fortalecer los presupuestos destinados a la oferta y disminuir -por ejemplo- los recursos destinados a la Sedronar (ver infografía).
Al respecto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre sostiene en su artículo 12: “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas”.
Por su parte, el Comité de Derechos del Niño remarca que: “… la educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habilitar el niño, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en el mismo. El Comité de Derechos del Niño estimó que este derecho refuerza, integra y complementa otros derechos como el de no discriminación (artículo 2 de la C.D.N.), el interés superior del niño (artículo 3 CD.N.), el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo (artículo 6 CD.N.) y el derecho de expresar su opinión y sea tenida en cuenta (artículo 12 CD.N). entre otros.