Walter Martello; Presidente del Centro de Estudios Pensando en Generar Políticas Públicas. (CEPEGEPP )
Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia Buenos Aires, a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos problemáticos.
Se conoció ayer que las tabacaleras aumentaron el precio del cigarrillo en un 5%, cuestión que bien podría ser considerado un aspecto positivo para prevenir, ya sea vía impedimento de demanda por precio, el acceso a una de las drogas legales que más daño provocan en la sociedad, pero esto no debe dejar de lado advertir un nuevo triunfo de las empresas.
Dicho incremento se da en el marco que se desistiera de aumentar los impuestos internos en la llamada reforma tributaria que motivara distintos pronunciamientos de especialistas manifestando la profunda preocupación ante la aprobación de la reducción de impuestos al tabaco.
En el comunicado de la Asociación Cardiológica Argentina se expresaba; “La disminución de la alícuota del 75% al 73% puede generar una reducción en el precio de los cigarrillos, favoreciendo su acceso y estimulando su consumo, en lugar de desalentarlo”, sin embargo, no parece ser el caso, ante la voracidad de las empresas: ha ocurrido todo lo contrario, menos impuestos, mayor precio, mas utilidades, menos salud.
La Organización Mundial de la Salud establece en sus informes entre otras cosas que la estrategia más eficaz para combatir la propagación del consumo de tabaco pasa por aplicar políticas encaminadas a reducir directamente la demanda.
Hay muchos medios válidos de alcanzar ese objetivo, desde la prohibición de la publicidad hasta la prohibición de fumar en lugares públicos, “pero la opción más eficaz y rentable para todos los gobiernos consiste simple y llanamente en aumentar el precio del tabaco, aplicando impuestos sobre el consumo.”
El artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, «Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco», reconoce la importancia de esas políticas y pide a los gobiernos que apliquen políticas tributarias y políticas de precios que contribuyan alcanzar sus objetivos de salud nacionales.
El problema aquí es que la política de precios la fija las propias empresas que según algunas estimaciones han sido beneficiadas por casi 2.000 Millones de pesos por esa rebaja otorgada y hoy aplica un aumento a medida de sus utilidades, sin que esos recursos adicionales contribuyan a aplicar o reforzar los recursos de los programas de prevención y tratamiento de la adicción al tabaco.
Recordemos que en Argentina más de 40 mil personas mueren por año como consecuencia del tabaquismo, según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) en un informe difundido en el marco del Día Mundial sin Tabaco en 2017.
En Argentina, durante el año pasado se realizó un estudio donde el 51,3% de los consultados manifestó que haber consumido tabaco alguna vez en su vida, ya sea experimentadores, abusadores, dependientes y ex usuarios). Esto equivale a una población de más de 9 millones de habitantes de entre 12 y 65 años.
De ellos, según grupos de edad los porcentajes son:
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12-17
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8,10% |
| 18-24 | 20,34% |
| 25-34 | 24% |
| 35-49 | 22,34% |
| 50-65; |
25,28% |
De esta población un 31% manifiesta haber consumido tabaco durante los últimos 12 meses.
Unas seis mil de las muertes relacionadas con el tabaco se dan en personas que nunca fumaron, pero que tienen como antecedente la exposición al humo del cigarrillo, destacó el informe. Asimismo, expresó que unos 20 millones de pesos por día se gastan en el país para atender enfermedades cardiovasculares, cánceres y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, vinculadas en forma directa al consumo de cigarrillos.