Realizamos una síntesis, traducida al español, de la reciente declaración realizada por el experto de Naciones Unidas, Dainius Pūras (Lituania)[1], relator especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Incluye una serie de recomendaciones a los Estados y aborda distintos temas respecto a los consumidores de drogas frente a la pandemia: acceso a medicamentos, vivienda; atención en cárceles; atención especial a mujeres, emergencia en salud e información y participación.
El documentoremarca que en el contexto actual de Covid-19, las personas que usan drogas enfrentan necesidades y riesgos únicos, debido a la criminalización, el estigma, la discriminación, los problemas de salud subyacentes, la marginación social y las mayores vulnerabilidades económicas y sociales, incluida la falta de acceso a una vivienda y atención médica adecuadas.
Mujeres que usan drogas
- Se estima que alrededor de un tercio de todas las personas que usan drogas son mujeres. Se informa constantemente que las mujeres que usan drogas tienen un mayor riesgo de infección por VIH y hepatitis C. La investigación disponible también indica que la violencia de pareja íntima es más comúnmente experimentada por las mujeres que usan drogas que las mujeres de la población en general. Es probable que este fenómeno se exacerbe en un contexto de mayor aislamiento y estrés.
- Por lo tanto, es esencial que los servicios de reducción de daños sensibles al género, los servicios de salud sexual y reproductiva sin prejuicios y los servicios de violencia doméstica se mantengan operativos y equipados para permanecer efectivos. A este respecto, los Estados deberían aplicar las recomendaciones de la Nota técnica provisional sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales durante la respuesta a COVID-19[2]
Personas sin hogar y personas que usan drogas
- Una gran cantidad de personas sin hogar que usan drogas ahora enfrentan desafíos adicionales para el cierre y otras medidas estrictas de emergencia. Existe una necesidad urgente de tomar medidas específicas para garantizar que la atención social y los servicios de reducción de daños continúen en la comunidad para esta población específica.
- En cualquier circunstancia, las sanciones penales relacionadas con COVID-19 no deben dirigirse a la población vulnerable de la sociedad, como las personas sin hogar que usan drogas. Por el contrario, deberían estar protegidos de ataques desproporcionados o discriminatorios por parte de la policía
Las cárceles y otros entornos de detención, incluidos los centros obligatorios de rehabilitación de drogas.
- Las cárceles y otros lugares de detención son entornos de alto riesgo para la propagación de enfermedades infecciosas. Un número desproporcionado de personas que usan drogas son encarcelados en todo el mundo debido a la criminalización del uso personal y la posesión de drogas
- Todos los Estados deben considerar la liberación anticipada de presos con vulnerabilidades de salud (incluidos aquellos con VIH, hepatitis C, tuberculosis o drogodependencia), presos con adicciones y aquellos acusados por delitos menores y no violentos de drogas y otros delitos, mientras planean adecuadamente la atención por la salud de los liberados.
- Los planes de preparación y respuesta a Covid-19 adoptados por las cárceles y otros centros de detención deben incluir medidas específicas para salvaguardar la salud de las personas que usan drogas.
Poderes de emergencia y el derecho a la salud
- Se pueden establecer poderes policiales adicionales como parte de la respuesta de emergencia; y según lo previsto excepcionalmente en las leyes de emergencia relacionadas con Covid-19. Dichos poderes deben equilibrarse cuidadosamente con el derecho a la salud, así como el derecho a la privacidad. Los poderes de aplicación de la ley no deben ser un obstáculo para la promoción y protección de la salud individual y pública.
Información y participación
- La información relevante sobre la pandemia y la respuesta de COVID-19 debería llegar a todos, sin excepción. Los Estados deben garantizar que la información sobre reducción de daños esté disponible y accesible en un contexto de mayor aislamiento relacionado con COVID-19. En este contexto, el acceso a Internet es esencial para garantizar que la información llegue a las personas
Acceso a servicios de reducción de daños
- Los servicios de reducción de daños, que incluyen la terapia con agonistas opioides (OAT), los programas de agujas y jeringas (NSP), la distribución de naloxona (un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides) y los sitios de prevención de sobredosis son esenciales para la protección del derecho a la salud de las personas que usan drogas. En el contexto de emergencia de Covid-19, estos deben reconocerse como servicios clave y, por lo tanto, permanecer disponibles, accesibles, aceptables y de calidad adecuada sin discriminación
- Las personas que usan drogas son vulnerables al VIH, la tuberculosis (TB) y la hepatitis, así como a una sobredosis. El acceso continuo a medicamentos, incluido el tratamiento antirretroviral (TAR) para las personas que viven con el VIH / SIDA, los medicamentos contra la tuberculosis, incluido el tratamiento de segunda línea, los medicamentos antivirales e interferón para la hepatitis y la naloxona, son esenciales para mantener la salud de las poblaciones vulnerables.
Acceso a medicamentos controlados
- La disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos controlados deben protegerse para tratamiento de drogodependencias, cuidados paliativos, incluso para personas mayores[3] y otros tratamientos. El cumplimiento de los requisitos de procedimiento complejos para los medicamentos programados puede crear barreras para el suministro de estos medicamentos. En el contexto actual de COVID-19, los Estados deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar que las cadenas de suministro internacionales de estas sustancias no se vean afectadas.
Acceder a la declaración completa en inglés
[1] El experto Dainius Pūras asumió sus funciones como Relator Especial de la ONU sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental el 1 de agosto de 2014. Pūras es director del Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos en Vilnius, Lituania, profesor de psiquiatría infantil y adolescente y salud mental pública en la Universidad de Vilnius, y enseña en las facultades de Medicina y Filosofía de la misma universidad. Es un médico con notable experiencia en salud mental y salud infantil.
La Declaración ha sido respaldada por: Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Leilani Farha, Relatora Especial sobre vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado; Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados; Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane (Presidenta), Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, y José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Leigh Toomey (Vicepresidenta de Comunicaciones) , Elina Steinerte (Vicepresidenta de seguimiento), Seong-Phil Hong y Sètondji Adjovi, Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.
[2] Creado por la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1991, el Comité Permanente entre Organismos es el foro de coordinación humanitaria más antiguo y de más alto nivel del sistema de la ONU, que reúne a los 18 jefes ejecutivos de Naciones Unidas y organizaciones no pertenecientes a la ONU para garantizar la coherencia de los esfuerzos de preparación y respuesta, formular políticas y acordar prioridades para fortalecer la acción humanitaria.
[3] Informe del Experto independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores (A / HRC / 30/43 sobre autonomía y cuidado de las personas mayores, párrafo 86).