En el marco del 8M, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense nos propusimos como consigna intentar concientizar y visibilizar la difícil situación que atraviesan las niñas y adolescentes ante los casos de violencia familiar y de género.
Concretamente, según las últimas estadísticas del Registro de Violencia Familiar y/o de Género del Ministerio Público bonaerense (ReViFaG), se constatan por año más de 7000 niñas y adolescentes mujeres víctimas en los procesos penales por estos delitos que se inician en la Justicia Penal de la Provincia.
Asimismo, organismos internacionales como UNICEF vienen alertando que las niñas y niños que viven en hogares afectados por la violencia hacia las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir castigo físico que otros niños y niñas.
Los datos estadísticos de la Línea 137 a nivel nacional también muestran un panorama preocupante. Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas exhibieron un total de 9.989 niñas, niños y adolescentes víctimas, de los cuales el 59% eran mujeres.
UNICEF también viene dando cuenta que la situación se agravó durante la pandemia covid-19 producto de la proliferación de situaciones estresantes o conflictivas que se tradujeron en un incremento de la violencia, incluido el castigo corporal y la desatención. Eso no es todo: UNICEF alertó sobre aumento sobre el riesgo de violencia sexual en la pareja íntima y también por parte de las y los adultos hacia las y los NNyA.
En rigor, las razones del aumento de las causas judiciales con niñas y niños víctimas de violencia familiar y/o de género es multicausal y no existen soluciones simples. En ese sentido, por un lado debemos ponderar una mejor registración y la valentía de muchas víctimas de pedir ayudar y denunciar episodios que ocurren, en muchas ocasiones, en el seno de sus propias familias. Pero, por otro lado, la magnitud de las cifras nos debe hacer tomar conciencia que el momento de actuar es ahora.
Todos lo que nos dedicamos a la defensa y promoción de derechos desde el Estado debemos asumir el compromiso de avanzar en políticas públicas permanente y perdurables que nos permitan prevenir estos delitos y asistir adecuadamente a las víctimas.
Asimismo, necesitamos una Justicia más rápida y eficiente en lo que se refiere a la adopción de medidas que protejan a las víctimas. Urge una Justicia con perspectiva de género que articule acciones, con los otros poderes del Estado, para reducir los extensos plazos que hay que recorrer para que un hecho denunciado llegue a condena efectiva.
