En las ultimas décadas se fue generando conciencia en los distintos poderes del Estado sobre la necesidad de prevenir y combatir la violencia institucional. Pero aún queda mucho por hacer: en la provincia de Buenos Aires se registran tres procesos penales por día producto de presentaciones judiciales realizadas por víctimas que, en la gran mayoría de los casos, afirman haber sufrido agresiones o maltratos de parte de integrantes de fuerzas de seguridad.
Si bien la violencia institucional suele ser entendida como aquellas prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal, en los que se encuentren denunciados o se sospeche de la responsabilidad de integrantes de fuerzas de seguridad y/o agentes públicos, existe una concepción mucho más abarcativa. ¿De qué se trata? Es una concepción que, además de contemplar casos de represión, abusos de poder o gatillo fácil, también incluye todo tipo de inequidades e injusticias sociales y económicas, donde siempre hay responsabilidad del Estado.
Esta concepción ampliada permite, por ejemplo, categorizar desigualdades producidas por quienes conducen las instituciones de los tres poderes del Estado, posibilitando una articulación entre la denuncia de hechos aberrantes y la necesidad de encarar posibles intervenciones y reformas que brinden solución a la vulneración estructural de derechos.
Para tener en cuenta la dimensión del problema que afrontamos en la actualidad, las estadísticas del Ministerio Público bonaerense hablan por sí solas. Solamente, durante el primer semestre del año pasado (ultimo dato disponible), se registraron un total de 1459 procesos penales por violencia institucional. Si bien este indicador está levemente por encima de lo registrado un año antes (primer semestre de 2020), cuando se contabilizaron 1383 casos judicializados, es sensiblemente inferior al primer semestre de 2019 cuando el Ministerio Público informó 1.989 procesos penales.
En el 90% de los casos los implicados fueron agentes de la Policía Bonaerense, de Policías locales y/o del Servicio Penitenciario bonaerense. En total, se registraron 1365 víctimas en el primer semestre de 2021, de las cuales unas 151 (11%) son niñas, niños o adolescentes.
Lejos de atender estas situaciones, desde distintos sectores políticos se propone profundizar aún más la mano dura, y hacen asociaciones directas entre niños, niñas y adolescentes y la delincuencia, situación que no se sustenta en ninguna estadística confiable. En realidad, medidas como la baja en la edad de imputabilidad implicará, en caso de concretarse, dar mayor poder a integrantes de las fuerzas de seguridad y un incremento sustancial de las y los jóvenes institucionalizados, en un sistema que ya se encuentra colapsado.
Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional
Al celebrarse el Día Nacional de la Violencia Institucional (8 de mayo) es necesario tomar conciencia de la necesidad de adoptar políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
Cabe destacar que esta fecha, instaurada por ley en el año 2013, se adoptó en memoria del asesinato de parte de efectivos de la policía bonaerense de Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, en el barrio Ingeniero Budge.
El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue presenciado por familiares y vecinos de las víctimas que se organizaron para pedir justicia. La conmoción fue tal que movilizó al barrio para que el caso no quedara impune. La ejecución de los tres amigos popularizó la expresión “gatillo fácil” para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad.
