El programa de Emergencia que el Gobierno pretende implementar para mitigar los cortes de luz durante el verano 2024/2025 , a través de una Resolución que presenta varias medidas que, si bien buscan reducir el impacto de los picos de demanda energética, parecen ser reactivas y mal diseñadas desde una perspectiva de planificación a largo plazo, y que solo beneficiaria a un grupo de empresas de generación que serán doblemente remuneradas.
Estas de fuerte vinculación con el actual gobierno entre ellas Central Puerto donde tiene participación Nicolas Caputo y Pampa Energia de Marcelo Midlin, podrían recibir trasferencias que especialistas del propio gobierno estiman en millones de dólares adicionales.
Aquí vale preguntarse qué tan real es la crisis que se avecina? Cuánto influye el default de los bonos a las empresas casi compulsivos, la parálisis de licitaciones cuyas obras hoy deberían estar en marcha, y toda la interna gubernamental del área de Energía del gobierno donde realmente no se sabe quien tiene el timón, pero si que no hay planificación que vaya mas allá del deficit cero como único norte de toda la actividad de las cuentas públicas.
A continuación, se analiza críticamente cada una de las acciones propuestas:
1. Remuneración adicional para la disponibilidad de máquinas viejas:
Incentivar el uso de máquinas termoeléctricas antiguas con una remuneración extra, aunque lógico en un contexto de emergencia, evidencia una falta de previsión y una estrategia energética obsoleta. Estas máquinas tienen altos costos operativos, son altamente ineficientes y requieren combustible más caro, como gasoil, lo que aumenta no solo el costo fiscal, sino también el impacto ambiental. Depender de tecnologías antiguas para evitar cortes revela la falta de inversión en nuevas infraestructuras más eficientes y limpias, a pesar de tarifas dolarizadas desde hace 8 meses.
En lugar de apostar por soluciones modernas y sostenibles, se está optando por «parches» temporales que no solucionan el problema estructural de fondo: la necesidad urgente de renovar el parque generador.
Los requerimientos tarifas=+inversion demuestran que el estado solo apunto a reducción del déficit, sin contralor de la ecuación de mejores prestaciones.
2. Compensación a grandes industrias para reducir consumo:
La bonificación para las grandes industrias que reduzcan su consumo en momentos de alta demanda es una medida común en escenarios críticos. Sin embargo, esta estrategia subraya la vulnerabilidad del sistema, que depende de la voluntariedad de los grandes usuarios para garantizar el suministro residencial. Además, este tipo de compensación genera incentivos económicos a corto plazo, pero no promueve cambios estructurales en el comportamiento del consumo energético ni en la eficiencia industrial. A largo plazo, se necesita un enfoque que incluya inversiones en eficiencia energética en industrias y fomentar la autogeneración mediante fuentes renovables, en lugar de simplemente pagarles para que no consuman en momentos críticos.
Pero además como controlarían, no estaríamos en presciencia de la posibilidad que industrias que hoy están al 50% de su capacidad, le vendan al estado energía que de todas formas no iban a utilizar?
3. Instalación de Unidades Móviles de Generación (UGEMS)
La instalación de unidades móviles de generación en las redes de Edenor y Edesur es quizás una de las soluciones más cuestionables desde un punto de vista técnico y económico. Estas unidades son extremadamente ineficientes, dependen de gasoil como combustible (mucho más caro que el gas natural), y su capacidad de respuesta es limitada. Si bien pueden ofrecer un alivio temporal en situaciones de emergencia, su uso como solución principal en un programa para evitar cortes masivos pone en evidencia la ausencia de una planificación energética de mediano y largo plazo. El hecho de que el Estado se haga cargo del costo del combustible solo aumenta el peso fiscal de una medida que, en última instancia, es insostenible tanto desde el punto de vista económico como ambiental.
4. Dependencia de la energía importada:
La realidad que enfrenta el sistema eléctrico argentino, en el que se depende de la importación de energía desde Brasil, Uruguay y Paraguay para cubrir picos de demanda, demuestra una profunda fragilidad. Esto no solo expone al país a fluctuaciones en la disponibilidad y precio de la energía importada, sino que revela la falta de expansión de la infraestructura de generación local. Si bien la falta de inversión durante décadas ha sido un factor determinante, la cancelación de licitaciones clave, como la licitación TerConf, pone en evidencia la falta de una política clara y coherente para ampliar la capacidad instalada. Continuar dependiendo de otros países para cubrir los picos de demanda es una señal clara de la precariedad estructural del sistema.
5. Impacto Fiscal
El costo fiscal estimado de 120 millones de dólares anuales por el pago de estas medidas es considerable, especialmente cuando se trata de soluciones temporales y reactivas que no atacan la raíz del problema. En lugar de destinar estos fondos a «premios» para que las generadoras mantengan en funcionamiento máquinas ineficientes, sería más sensato canalizarlos hacia inversiones que modernicen y diversifiquen la matriz energética. A largo plazo, el costo de no hacer las inversiones necesarias será mucho mayor, tanto en términos económicos como en la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.
Conclusión
En conjunto, las medidas del «Programa de Emergencia Verano 2024/2025» son, en su mayoría, soluciones de corto plazo que intentan mitigar una crisis inminente, pero que no atacan las causas estructurales del problema. El sistema eléctrico argentino necesita con urgencia una reestructuración integral, que contemple no solo la ampliación de la capacidad instalada, sino también la incorporación de tecnologías modernas y sostenibles. Mientras no se aborde el déficit de inversión en generación, transporte y distribución de manera seria y estratégica, el país continuará enfrentando crisis energéticas recurrentes, con un alto costo fiscal y social.
Ese camino lo habíamos emprendido los últimos 15 meses donde recompusimos tarifas de transporte y de distribución donde exigimos un plan de inversiones donde sancionamos justamente la falta de las mismas inclusive llegando en algunos casos como el de la distribución a cargo de la empresa Edesur, comprometido su salida del país a denunciarlos penalmente por incumplimiento reiterados del contrato, sin embargo el grupo controlante Enel que también participa en el negocio de la generación luego de una reunión mantenida en un VIP de aeropuerto de Ezeiza con el presidente y el ministro de economía manifestaron que reverían la situación de permanecerían manteniendo su negocio en el país quizás entre otras cosas por este tipo de soluciones que le garantizan ingresos a cambio de absolutamente ninguna mejora en la calidad del servicio.