¿Qué hace el Estado argentino frente al consumo problemático?: desfinancia y retrocede

El 26 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Sustancias. Pero más allá de las efemérides, la fecha nos interpela desde una realidad que golpea con fuerza en los barrios de la Argentina: crece la preocupación ciudadana por el consumo problemático, mientras el Estado nacional reduce drásticamente los recursos destinados a prevenir y asistir a quienes más lo necesitan.

La paradoja es inquietante. La propia ex SEDRONAR —organismo rector en esta materia— alertó sobre un aumento sostenido en los consumos problemáticos. Según la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC), el 82,6% de la población percibe un aumento del consumo en los últimos dos años, y un 80,1% considera que seguirá creciendo. Estos números no son solo estadísticas: son el reflejo de una sociedad que siente que está perdiendo el control sobre una problemática compleja, que requiere más presencia del Estado, no menos.

Sin embargo, el gobierno nacional ha elegido un camino inverso. El presupuesto asignado a la SEDRONAR para 2025 permanece congelado nominalmente en $41.782 millones, igual al del segundo semestre del año anterior. En un contexto de inflación sostenida, esto implica un fuerte recorte en términos reales. Y aún más preocupante es que, a mitad de año, ya se ha ejecutado más del 72% de esos recursos, lo que anticipa serias dificultades para sostener programas clave durante el segundo semestre.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Los datos son elocuentes. En 2023, el presupuesto de la SEDRONAR representaba el 0,0485% del total de la Administración Pública Nacional. En 2025, esa proporción cae al 0,0442%. No solo se achican los fondos, sino también el lugar que ocupa la política de prevención y atención dentro de las prioridades del Estado.

Esto tiene consecuencias directas. El Programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), que constituye una herramienta fundamental en la primera línea de contención, perdió $276 millones respecto a 2024. Son centros que trabajan con personas reales, en contextos difíciles, y que muchas veces constituyen la única red de apoyo en el territorio.

Más grave aún es la subejecución de partidas en áreas estratégicas. En 2024, solo se utilizó el 26,84% del presupuesto destinado a prevención, estadísticas e investigación sobre consumos problemáticos. Sin datos actualizados, sin planificación basada en evidencia y sin financiamiento sostenible, la respuesta estatal pierde eficacia y credibilidad.

La Iglesia Católica ha sido clara: donde el Estado se retira, el narcotráfico avanza. Esta afirmación, repetida por referentes pastorales en los barrios más golpeados por el abandono, no es ideológica. Es una constatación empírica de lo que ocurre cuando las redes de cuidado institucional se debilitan y dejan espacio a organizaciones criminales que sí están presentes, aunque con fines destructivos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

En lugar de fortalecer la inversión en políticas públicas de prevención y tratamiento —como recomiendan todos los organismos internacionales—, el actual gobierno opta por un desfinanciamiento que tendrá efectos devastadores a mediano y largo plazo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que por cada dólar invertido en tratamiento, se ahorran 7 en justicia penal y 12 en salud pública. Ignorar esta evidencia no es solo un error económico: es una vulneración del derecho a la salud, a la inclusión y a vivir en entornos seguros.

Lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria. Es la presencia o ausencia del Estado allí donde más se lo necesita. Es el derecho de las personas con consumos problemáticos a recibir atención digna. Es el derecho de las familias a no sentirse solas frente a una problemática compleja. Es, en definitiva, el derecho de toda la sociedad a una política integral, seria y sostenida en el tiempo.

Porque cuando el Estado se retira, los derechos retroceden. Y ese retroceso, si no se revierte a tiempo, lo pagan siempre los más vulnerables.