Resultra crucial y urgente visibilizar la alarmante situación que atraviesa el sector de la discapacidad en todo el país. Esta coyuntura es resultado directo de la aplicación de severos ajustes presupuestarios en programas de inclusión social gestionados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los cuales han sido sistemáticamente desfinanciados.
Ni siquiera las áreas fundamentales que deberían garantizar los recursos para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, ni los programas destinados a la integración, se han salvado de este ajuste.
Asimismo, desde octubre de 2024, los honorarios de los profesionales que brindan prestaciones esenciales fueron congelados, lo que ha provocado una caída real de entre el 50% y el 70% en su valor. Esta desactualización tarifaria puso a aproximadamente 250.000 personas con discapacidad en riesgo inminente de quedar sin atención, amenazando además hasta 100.000 puestos de trabajo
Frente a esta crisis, la Oficina de Presupuesto del Congreso demostró que la actualización de los aranceles requiere una inversión de solo $278.000 millones, lo que equivale a un insignificante 0,03% del PBI, una cifra completamente viable.
A pesar de la media sanción obtenida en Diputados para la Ley de Emergencia en Discapacidad —busca regularizar deudas y garantizar la actualización automática de honorarios—, el rechazo y el posible veto del oficialismo profundizan la angustia de un sector que clama por una respuesta institucional urgente y sostenida.
Las recientes decisiones gubernamentales sobre la implementación de políticas de ajuste amenazan con desmantelar un sistema de atención esencial que garantiza derechos fundamentales.
El presupuesto asignado a la Atención Médica para Beneficiarios de Pensiones no Contributivas en 2025 apenas se incrementó un 35% respecto a 2024, mientras que la inflación interanual se sitúa en 43,5%. Esto implica una significativa reducción en los niveles de cobertura.
Es importante destacar que la ANDIS transfiere recursos financieros a las jurisdicciones provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la atención médica de los afiliados, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Programa Médico Obligatorio (Resolución del Ministerio de Salud) y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Ley N° 24.901 y sus modificatorias).
El desfinanciamiento, al estilo «motosierra», es aún más pronunciado en el programa «Prevención y Control de Discapacidades», cuyo presupuesto para 2025 se actualizó en un mínimo 7,3% en comparación con 2024. Este programa es fundamental para fomentar la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, respetando sus derechos humanos en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre sus funciones se encuentran:
- Llevar adelante un Plan Integral para el fortalecimiento de Municipios inclusivos. }
- Consolidación de la Unidad de Capacitación de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Fortalecer el Registro Nacional de profesionales de las Juntas Evaluadoras de Certificación de Discapacidad.
- Implementar el Registro Nacional para Profesionales de las Juntas de Categorización de prestaciones para personas con discapacidad
- Implementar capacitaciones en una Plataforma Virtual a fin de hacer más accesibles los contenidos actualizados a los profesionales de las distintas jurisdicciones del país, como así también, contar con las herramientas para realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.
El desfinanciamiento y la subejecución presupuestaria son aún más acentuados en el programa «Acciones de Integración de Personas con Discapacidad». El presupuesto de 2025 ($4.926,52 millones) es solo un 15,8% superior al de 2024, y en lo que va del año, solo se ha ejecutado el 14%.
Este programa tiene como objetivo principal brindar asesoramiento a personas con discapacidad y a organizaciones de la sociedad civil para su inclusión, en consonancia con la Ley N° 26.378. Asimismo, busca coordinar con otros Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, los demás Poderes de la Nación, organismos nacionales y provinciales, y organizaciones de la sociedad civil (especialmente las no gubernamentales de y para personas con discapacidad) la construcción de políticas públicas orientadas a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las funciones asignadas se incluyen
- Coordinar, en el ámbito de su competencia, con el Consejo Federal de Discapacidad la integración de los esfuerzos de la estrategia de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
- Participar en la elaboración de programas de capacitación, información, sensibilización y motivación comunitaria, para la integración de las personas con discapacidad.
- Coordinar la publicación y difusión de materiales de apoyo en formatos accesibles que concienticen y coadyuven a la inclusión de las personas con discapacidad.
- Garantizar procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados y accesibles. – Promover y reconocer la utilización de lengua de señas, propiciando el acceso a apoyos lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, asegurando la plena participación en la comunidad y en igualdad de condiciones.
- Actuar como órgano de vigilancia (monitoreo) para garantizar la calidad de los servicios.
- Participar en la elaboración de programas de capacitación, información, sensibilización y motivación comunitaria, para la inclusión de las personas con discapacidad.
- Coordinar la publicación y difusión de materiales de apoyo en formato accesibles que concienticen y coadyuven a la inclusión de las personas con discapacidad
- Promover la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en el proceso educativo.
- }Promover la accesibilidad y articular el fortalecimiento y capacitación a los responsables en recursos humanos para la inclusión laboral de calidad de las personas con discapacidad, garantizando la igualdad en todo el proceso de acceso al trabajo.
- Promover y reconocer la utilización de lengua de señas, propiciando el acceso a apoyos lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, asegurando la plena participación en la comunidad y en igualdad de condiciones. Actuar como órgano de vigilancia (monitoreo) para garantizar la calidad de los servicios.
- Analizar la legislación vigente en materia de discapacidad para identificar y resolver las posibles lagunas normativas.
2. Congelamiento de honorarios y caída real del valor
Desde octubre de 2024, el valor de la hora de los profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad —médicos, psicólogos, terapeutas y acompañantes— fue congelado por decisión estatal y de obras sociales/prepagas. Esta medida se mantuvo inalterable durante los meses subsiguientes: noviembre, diciembre de 2024, y a lo largo de todo el primer semestre de 2025 (enero a mayo).
Otras fuentes señalan que el congelamiento se hizo efectivo desde diciembre de 2024, generando un desfasaje del 73% en comparación con la inflación acumulada. Esta situación, asociada por algunos al «Plan Motosierra», impactó directamente en la capacidad operativa de todos los prestadores.
La consecuencia más contundente de este congelamiento es la dramática caída real en el valor de los honorarios. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), los honorarios se desplomaron un 50% con relación a 2017, año en que lograron acompañar el ritmo inflacionario. Complementariamente, el Foro Permanente por la Discapacidad reporta un desfasaje aún mayor, de más del 70%, en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Esta erosión constante del poder adquisitivo de los profesionales pone en riesgo inminente la sostenibilidad de todo el sistema
3. Impacto crítico en el sistema de discapacidad
La situación actual ha generado una crisis estructural profunda que justifica plenamente la insistencia en declarar la emergencia:
- Instituciones al borde del cierre: la crisis afecta directamente a aproximadamente 250.000 personas con discapacidad, quienes corren el riesgo inminente de quedar sin atención. Además, se estima la pérdida de 100.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, lo que agrava la situación social en un contexto ya delicado.
- Interrupción de servicios: numerosos profesionales no han cobrado sus honorarios; algunos reportan la falta de salario desde febrero de 2025. Esta situación obliga a innumerables familias a reducir o incluso abandonar tratamientos esenciales debido a la imposibilidad de costearlos, dada la desactualización de los aranceles.
- Movilización social: la gravedad de la crisis impulsó a talleres, prestadores, terapeutas, transportistas y familiares a una contundente marcha frente al Congreso Nacional, exigiendo la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es la voz de la sociedad demandando una respuesta.
- Financiamiento posible: la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional calculó que se requieren $278.000 millones para actualizar los aranceles del sistema. Esta cifra representa apenas el 0,03% del PBI, lo que demuestra su viabilidad. Para el sostenimiento de los talleres protegidos, la cifra es aún menor, de solo 7.000 millones (0,0008% del PBI). Estos datos técnicos refuerzan mi convicción de que el financiamiento no solo es necesario sino completamente posible.
4. Una ley indispensable
Ante este escenario desolador, el congreso sancionó una Ley de Emergencia en Discapacidad con una propuesta de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa propone medidas urgentes y estructurales como:
- Regularizar deudas y pagos adeudados a todos los prestadores.
- Establecer una actualización automática mensual de los aranceles del nomenclador, un punto fundamental para evitar futuras crisis.
- Implementar reformas en las pensiones no contributivas, reforzar institucionalmente la ANDIS y promover una mayor transparencia y auditoría en la asignación de recursos.
- Ofrecer compensaciones adicionales para prestadores y apoyo a talleres, con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Lamentablemente, el oficialismo nacional rechazó el proyecto, aduciendo una capacidad fiscal limitada y anticipando incluso un posible veto. Esta postura profundiza la incertidumbre y la preocupación en un sector que ya se encuentra en una situación límite.
Es fundamental recordar que las Leyes Nacionales 22.431/81 y 24.901/97 garantizan prestaciones de rehabilitación, salud y educación gratuitas para todas las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), siendo reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad. A pesar de este robusto marco legal protector, la Resolución Conjunta MSAL-ANDIS 8/2024, que previó aumentos mínimos (1%, 0,8%, 0,5%) para octubre-diciembre de 2024, resultó completamente insuficiente e ineficaz frente a la alta inflación que afecta a nuestro país.
Ante este panorama, es fundamental que se aplique una «ley de emergencia» porque el desfasaje en los honorarios provocó una crisis estructural de proporciones inauditas: un desfinanciamiento masivo, la pérdida de cobertura para miles de personas y una afectación grave a derechos básicos como la salud, la educación y la inclusión.
Nuestro objetivo no es solo abordar una situación puntual, sino transformar esta crisis en una respuesta institucional con recursos y mecanismos legales específicos que garanticen la continuidad de los servicios, la actualización justa y automática de los aranceles, la reducción de la burocracia y una asignación presupuestaria clara y sostenida. Solo así, con un marco de emergencia, podremos asegurar la dignidad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra provincia y en todo el país.