Hace más de dos años que no se realizan campañas nacionales de prevención de la ludopatía en medios masivos de comunicación. Dos personas por día recurren a pedir ayuda a los centros de asistencia al juego compulsivo de la provincia de Buenos Aires. Pero el universo real de personas afectadas, que no reciben contención del Estado, sería mucho mayor. Las plataformas de apuestas on line generan nuevos desafíos.
En los últimos 4 años, distintas fuerzas políticas presentaron alrededor de 30 con iniciativas en el Congreso nacional tendientes a conformar un programa nacional de prevención y asistencia. Sólo uno de estos proyectos, que se fusionó con otras dos iniciativas, recibió media sanción en el Senado y hace un año que se encuentra virtualmente cajoneado en la Cámara de Diputados.
A la ludopatía la podemos definir como una alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad para resistir los impulsos de jugar por apuestas o por azar, consistente en una adicción patológica que llega a afectar el funcionamiento a nivel personal, familiar, emocional, social, económico y financiero del jugador. Es decir, es una enfermedad con todas letras, reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud desde 1992.
La ludopatía es un flagelo que crece a pasos acelerados en todo el mundo, a la par del desarrollo incesante de las nuevas tecnologías de la comunicación y del entretenimiento. El juego es un negocio que factura miles y miles de millones de dólares, con empresas y empresarios con fuerte poder de lobby. Por este motivo sus utilidades parece no verse demasiado afectadas por las crisis.
Uno de los motores principales de este crecimiento son las plataformas digitales -se destacan los sitios de apuestas deportivas y las comunidades on line de póker- que dejan como daño colateral cada vez más enfermos, familias endeudadas, lazos sociales destruidos y hasta suicidios. La Argentina no se encuentra al margen. Por el contrario, nuestro país exhibe algunos indicadores sumamente preocupantes, que repercuten fuertemente en la provincia Buenos Aires. No es para menos ya que la ludopatía está estrechamente asociada a un modelo de negocio que torna obsoleto los marcos regulatorios del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. De esta forma, se pone en riesgo el derecho a la salud que, en todas sus formas y a todos los niveles, abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad[1].
La ausencia de una política federal para el abordaje de la ludopatía implica serios trastornos. Por ejemplo, al no existir un registro nacional de autoexclusión, aquellos jugadores con problemas de juego patológicos, que pidieron ser incluidos en el registro bonaerense para que no se les deje entrar a bingos o casinos, no encuentran ningún escollo si producto de la adicción deciden concurrir a salas de juego ubicadas en otras jurisdicciones. A su vez, al no existir protocolos nacionales de actuación, todo queda supeditado a los recursos de cada jurisdicción que, a todas luces, resultan insuficientes.
En la provincia de Buenos aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10 centros de atención y asistencia al juego compulsivo, creados en 2005 a partir de un convenio entre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y el Ministerio de Salud. La mayoría de estos centros están ubicados en el Conurbano bonaerense. Es decir, si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está localizado en Pergamino.
A su vez, la línea telefónica de atención (0800-444-4000) también tiene limitaciones. Funciona de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, no brindando cobertura nocturna ni los fines de semanas. Cabe recordar que, en la provincia de Buenos Aires, las salas de bingo con tragamonedas están abiertas las 24 horas, los 365 días del año.
El programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, estuvo a punto de ser absorbido por los Centro Provinciales de Adicciones (CPA) y sufrió un fuerte desfinanciamiento. Los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles hablan por sí solos, mostrando que apenas se le destina el 0,01% (año 2018) de los recursos del Instituto de Loterías y Casinos, perdiendo incidencia respecto a lo registrado tres años antes.
El Estado tiene la obligación -en particular respecto a quienes carezcan de medios suficientes- de garantizar la atención y proporcionar servicios de salud. En ese sentido, una asignación inadecuada de recursos puede dar lugar a una discriminación.
En cierta forma, ante la ausencia del Estado, fue creciendo la presencia del tercer sector. En los años 90 había alrededor 12 grupos de autoayuda orientados a apostadores compulsivos; una década después esos grupos llegaban a 60 y actualmente solo Jugadores Anónimos cuenta con más de 70 grupos.
Sin estrategia federal
Pese a la multitud de proyectos presentados por distintas fuerzas políticas, aún no se logró aprobar una ley para que funcione un programa nacional de asistencia y prevención. En total, en los últimos cuatro años, se presentaron alrededor de 30 iniciativas, y solo una logró media sanción del Senado, encontrándose desde hace un año durmiendo el sueño de los justos, en comisión, en la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto, que fue el resultado de la fusión con otras dos iniciativas, establece:
- Desarrollar campañas educativas, informativas y de publicidad para concientizar a la población sobre la problemática de la ludopatía, sus formas de detección y consecuencias nocivas de la misma, informando además acerca los mecanismos de prevención.
- Implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de los organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información, brindar asesoramiento y asistencia a todas las personas que padecen las consecuencias de la ludopatía.
- Registro Nacional de Autoexclusión. Establecer una modalidad de colaboración entre la autoridad nacional y las jurisdicciones provinciales para la provisión y derivación de información a todas las salas de juego de azar relativas a las personas anotadas, incluyendo todas las altas y bajas que se produzcan.
- Arbitrar medidas que alienten a los actores de la industria del juego a promover una gestión responsable del juego, la cual incluye, entre otras buenas prácticas, el diseño de entornos no adictivos, la protección de personas riesgo, la fijación de límites a las apuestas, la fijación de límites y controles al consumo de alcohol y tabaco en las salas de juego.
- Colocación de mensajes sanitarios en salas de juego y páginas web que deben ocupar una dimensión no menor al 25% de la superficie de la puerta de ingreso, mostrador de venta de fichas, tickets o facturas y de un 15 % de los avisos publicitarios.
- Relojes: todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar en lugares visibles relojes con el horario oficial, de un mínimo de uno cada 50 metros cuadrados.
- Ventanas: todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben contar, al menos, con dos ventanas dispuestas de forma tal, que se pueda apreciar el exterior de la sala en todo momento.
- La autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco Central, debe adoptar medidas necesarias para prohibir la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos en todas las salas de juegos habilitadas en el ámbito de la nación. Se fija un plazo de 90 días para cumplir esta disposición.
- Se prohíbe toda publicidad y promoción sobre juegos de suerte que sea dirigida a menores de 18 años; que asocie directa o directamente al juego con la ayuda social; que no incluya en letra y lugar visible la leyenda sanitaria y que no exhiba el número de la línea telefónica de ayuda.
En caso de sancionarse esta ley, se podría cubrir algunos baches del marco normativo bonaerense. Por ejemplo, impediría que quienes van a jugar con las tragamonedas terminen en salones sin ventanas y sin relojes, con luces y sonidos que contribuyen a que se pierda la noción del tiempo y del espacio. También habría límites más estrictos para el consumo de alcohol y tabaco. Asimismo, se podrían desarrollar estrategias de concientización permanentes. La última campaña nacional sobre adicción al juego, en medios masivos de comunicación, se realizó en 2017, hace más de dos años, a partir de una iniciativa de Jugadores Anónimos, en el marco del espacio que le otorga la ley de Medios a las entidades sin fines de lucro.
Y con el juego on line, ¿qué hacemos?
Un claro ejemplo de cómo el Estado está llegando demasiado tarde es lo que ocurre con el juego on line. Pese a que el proceso de adjudicación instrumentado por la provincia durante el año 2019 quedó en stand by, se registran cada vez más casos de personas que utilizan plataformas digitales para realizar apuestas y que padecen problemas vinculados al juego compulsivo.
Es una realidad que, según informan profesionales, se viene detectando en los 10 centros de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, que dependen del Estado bonaerense, como así también en los grupos de autoayuda. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes que acceden, con mucha facilidad, a web de apuestas europeas.
El proceso de adjudicación del juego on line incluyó un apartado específico respecto a las medidas que deben adoptar las empresas para la prevención de la ludopatía:
a) mecanismos para que los participantes puedan -tanto al momento de la registración como al inicio de cada sesión-, configurar su acceso a la plataforma de juego, estableciendo límites temporales o bandas horarias en las cuales el acceso le sea denegado, como también establecer topes o límites de depósitos -por sesión/día/mes-, los cuales deberán ser aplicados de manera inmediata por el operador
b) emisión de alertas -visuales y sonoras- informando al usuario que ha iniciado sesión hace más de 3 horas, repitiendo la misma por cada nueva hora cumplida, y una notificación al final de cada sesión informando: el tiempo transcurrido de juego desde el inicio de la sesión, los tipos de juegos realizados, el estado actual de su cuenta, el monto apostado y los premios obtenidos
c) la difusión permanente, en lugar visible, de una leyenda advirtiendo sobre los riesgos del juego y de las vías de ayuda de dispuestas por la Provincia, incluyendo el trámite de autoexclusión.
Si bien es un hecho más que positivo que las empresas apliquen estas medidas, cabe preguntarse: ¿si se puede acceder a las plataformas on line durante las 24 horas, los 365 días del años, de qué forma se prevé dar asistencia a quienes padecen una adicción si la línea de atención (0800) en la Provincia tiene un horario acotado y solo funciona los días hábiles?, ¿no habrá llegado el momento de obligar a que las empresas estén obligada a dar asistencia inmediata, con profesionales, teniendo en cuenta sus enormes márgenes de rentabilidad?
Cualquier marco normativo en materia de juego responsable debe contener normas encaminadas a fortalecer la responsabilidad social por parte de los operadores ya que su actividad puede causar adicción y problemas de salud pública. En lo que se refiere a la ludopatía importa, fundamentalmente, que el Estado asegure que las actividades empresariales[2] no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
En ese sentido, tal como lo ha dejado sentado las Naciones Unidas, la responsabilidad social de respetar los Derechos Humanos se aplica a todas las empresas de todos los tamaños, sectores, contextos operacionales, propietarios y estructuras (si bien habrá diferencias naturales en los medios y formas de asumir esta responsabilidad), indistintamente de la capacidad o voluntad de los Estados.
Los administradores de juegos de azar, tanto del sector privado como del público, deben ser conscientes de la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial para la prevención y control de la ludopatía El Estado, además, debe tomar las medidas necesarias para asegurar no sólo que las acciones de sus agentes cumplan las obligaciones jurídicas tanto nacionales como internacionales sino también, en este caso, verificar que el comportamiento de las empresas bajo su jurisdicción esté ajustado a los estándares reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Si bien el marco normativo vigente en la Argentina delega en las provincias la gestión y administración de los juegos de azar, por nuestra parte entendemos que la competencia es concurrente. Es decir, que puede ser ejercida tanto por la Nación como por las provincias –y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– en el marco de sus respectivas atribuciones, teniendo en cuenta que también goza de protección estatal el derecho a salud. Si una provincia no puede garantizar el uso de este derecho, nacerá la obligación del Estado Nacional para asegurar dicho goce. En ese sentido, en el caso de un eventual conflicto entre la Nación y alguna jurisdicción, siempre debe predominar el principio «pro homine» y de allí que debe regir la legislación más favorable a la persona humana.
[1] Observación general Nº 14 (2000) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud está contemplado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
[2] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ( CIDH) Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, 2019.