Niñas, niños y jóvenes con más dificultades de acceso a la comida
A partir del último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, calificó como “extremadamente preocupante” la suba de los indicadores de “inseguridad alimentaria” y la retracción en la cobertura de los programas sociales en todo el país, situación que se registra con fuerza en territorio bonaerense.
Martello también advirtió por la acelerada pérdida del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), medida en función de la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en el Gran Buenos Aires. Concretamente, perdió más de 4 puntos porcentuales en un año ya que, en 2017, la AUH permitía cubrir el 70% de lo que necesita un adulto para adquirir los bienes de la CBA en el Conurbano y actualmente bajó al 65,9%.
En ese contexto, Martello remarcó que “resulta urgente” que se incremente el denominado Fondo de Reparación Histórica (ex Fondo del Conurbano), se destinen esos recursos a inversión social y se avance en el otorgamiento de un plus que equipare la AUH respecto a lo que perciben familias radicadas en el sur del país, donde el beneficio está un 30% por encima en términos nominales y permite cubrir una mayor parte del costo de la CBA regional.
Como puede verse en el siguiente cuadro, la Canasta Básica Alimentaria en el Gran Buenos Aires es la segunda más cara del país, luego de la Patagonia. Pero en el sur de la Argentina la AUH permite cubrir más del 83,1% de la canasta básica, mientras que en Buenos Aires no alcanza al 66%.
Elaboración propia en base a datos del INDEC, la Anses y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA)
En caso de que el gobierno nacional dé una respuesta a lo que viene solicitando la provincia, en cuanto a la actualización del ex Fondo del Conurbano, implicaría la llegada de recursos del orden de los $19.000 millones. Esta cifra equivale al 81,3% del presupuesto total asignado al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para el año que viene y representa el 84% del total de inversión social que hizo el Estado nacional en la Provincia durante este año.
Asimismo, en el último año tuvo lugar un preocupante descenso del porcentaje de hogares y de la población en situación de pobreza que accede a transferencias monetarias provenientes de programas sociales. La tendencia se debe al empobrecimiento de sectores pertenecientes a estratos medios que no acceden a la asistencia del Estado. Algunos números hablan por sí solos: mientras que en 2017 el 43% de los hogares pobres de estrato medio no profesional estaba cubierto por políticas asistenciales, este porcentaje descendió al 23% en 2018 a nivel nacional.
¿Qué es la inseguridad alimentaria?
La “Inseguridad alimentaria” es un indicador que expresa la reducción involuntaria de la porción de comida y/o la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses. En ese sentido, según la UCA, este año la inseguridad alimentaria severa llegó a afectar al 6% de los hogares (en los que reside el 7,9% de la población urbana), siendo la cifra más alta de la década. Esta situación impactó en mayor medida en los hogares del Conurbano Bonaerense. En tanto, la indigencia golpea con mayor crudeza en niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años: en este rango etario la tasa supera en un 78% a la media nacional.
“Es indispensable que haya una inyección de recursos para ampliar la cobertura y la asistencia de los programas sociales en el Conurbano bonaerense. Se debería analizar la posibilidad de otorgar un plus por desfavorabilidad dentro de la AUH en las zonas socialmente más comprometidas del Gran Buenos Aires, donde se registran las cifras de pobreza e indigencia más graves de país. Este plus ya lo reciben las familias que viven en la Patagonia: la AUH y la Asignación por Hijo Discapacitado en esa región del país es un 30% superior a lo que reciben los beneficiarios del Gran Buenos Aires y posibilita cubrir un mayor porcentaje de la Canasta Alimentaria”, afirmó Martello, quien está a cargo del observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Los datos expuestos por la UCA también evidencian la persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana. La pobreza afecta con más intensidad a niños/as y adolescentes (0 a17 años) y jóvenes (de 18 a 29 años). En el tercer trimestre de 2018, se estima que el 46,3% de los niños/as y adolescentes vivían en hogares pobres. Se trata de la proporción más elevada desde el tercer trimestre de 2016 y es casi 1,5 veces mayor que la tasa registrada a nivel general.
Al igual de lo que sucede con la CBA, el valor de los bienes y servicios en el Gran Buenos Aires que constituyen la Canasta Básica Total (CBT), indicador que sirve para establecer la línea de pobreza, es la segunda más cara del país y la incidencia del poder de compra de la AUH es la más baja de la Argentina: 26,4% contra 29,4% de la región Patagónica.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el primero de ellos es la erradicación de la pobreza. Entre sus metas en particular se destaca la de reducir al menos a la mitad la proporción niños/as que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
Hilal Elver, Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, culminó su visita oficial a la República Argentina a fines de septiembre del corriente año donde por un período de diez días realizó un recorrido de campo en dos provincias: Buenos Aires y Chaco.
Luego de reunirse con funcionarios del gobierno nacional, representantes de gobiernos provinciales y municipales, miembros de la comunidad indígena Quom, familias de agricultores, representantes de organizaciones no gubernamentales, y diversos actores pertenecientes a la sociedad civil, presentó su reporte preliminar, y en marzo de 2019 presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas.
Entre las observaciones s más destacadas luego de su evaluación en territorio argentino puntualizó:
- – La crisis económica y financiera que enfrenta Argentina tendrá un impacto directo en el derecho a la alimentación de la población.
- – “He observado el incremento en la cantidad de personas que concurren a comedores, que saltean comidas por falta de dinero y niños que concurren a la escuela porque es en el lugar donde pueden obtener un plato de comida.”
- – En 2003 Argentina adoptó un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, integrado por diversos programas para el desarrollo de la nutrición familiar, y con respecto al programa de alimentación en las escuelas, la actual crisis económica parece estar teniendo un impacto negativo en la calidad de los alimentos que se ofrece a los niños dado el incremento de su costo.
Finalmente sostuvo que “…como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés), la Argentina debe utilizar “el máximo de sus recursos disponibles” para asegurar la plena realización de los derechos que en el mismo se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Esto implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean adecuadamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no están relacionados con los derechos humanos, tales como el servicio de la deuda. Como mínimo, el Estado debe asegurar el logro de los niveles esenciales mínimos de cada derecho económico, social y cultural. …Por otro lado, la Argentina no cuenta con datos oficiales actualizados y otros materiales estadísticos que puedan brindar datos confiables sobre el hambre y la pobreza en los últimos casi 10 años, lo cual hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada con la realización del derecho a la alimentación. Más específicamente, y con relación a esta visita, la última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición se realizó en 2004-2005, y la última encuesta del sector agrícola en 2002. Esto no es aceptable desde el punto de vista de entender las necesidades y limitaciones de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria….”