La iniciativa, que busca prevenir el tabaquismo en jóvenes, va en sintonía con las políticas que viene instrumentado Brasil a partir de un fallo judicial y la Unión Europea.
Desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, de la Defensoría del Pueblo pretenden que se trate una iniciativa en sintonía con las políticas que se vienen instrumentando en otras parte del mundo. “En Brasil, el Supremo Tribunal Federal de ese país confirmó recientemente la vigencia de una resolución que prohíbe la fabricación de cigarrillos saborizados. En tanto, en los países de la Unión Europea la prohibición regirá a partir del año 2020. Está comprobado que este tipo de productos se ha convertido en la principal puerta de entrada al tabaquismo”.
En el 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud, que se realizó el año pasado en Uruguay, se difundió un estudio que demuestra que el 80% de los chicos de 12 años o más que probó un cigarrillo en América latina empezó con saborizantes. Se trata de aditivos que se usan para aumentar la adicción y hacer más atractivos esos productos. A su vez, han proliferado las publicidades de cigarrillos saborizados dentro de los comercios, siendo ubicadas estratégicamente cerca de la caja, entre las golosinas y a la altura de los ojos.
Es necesario un consenso de todas las fuerzas políticas. La prevención del tabaquismo tienen que ser una política de Estado, que debe ir acompañada de una mayor carga tributaria para desincentivar una adicción estrechamente vinculada a enfermedades como el cáncer.
Destacamos el proyecto presentado por el diputado provincial Santiago Nardelli, quien propone duplicar el precio de los cigarrillos con el objetivo de crear un fondo especial de atención de enfermedades provocadas por el tabaquismo.
Sabemos que las tabacaleras tienen un poder de lobby importante, pero la Argentina, y particularmente la provincia de Buenos Aires, no puede ir a contramano de la tendencia mundial contra el tabaquismo.
Un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón sostiene que aumentando en un 33% el precio real de los cigarrillos, el consumo de tabaco se reduciría en 10% y aumentaría la recaudación en $6.139 millones al año. Eso no es todo: también se disminuiría los costos sanitarios en $1.200 millones por año. El aumento del precio de los cigarrillos es una de las principales medidas que propone el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), un tratado internacional de salud pública aprobado en 2003 y ratificado por 180 países.