Sobre un total de 2238 víctimas registradas durante el primer semestre de 2018, 168 son NNyA. Los datos oficiales también dan cuenta que el 70% de los casos denunciados ocurren en el espacio público.
Si bien la violencia institucional suele ser entendida como aquellas prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal, en los que se encuentren denunciados o se sospeche de la responsabilidad de integrantes de fuerzas de seguridad y/o agentes públicos, existe una concepción mucho más abarcativa. ¿De qué se trata? Es una concepción que, además de contemplar casos de represión, abusos de poder o gatillo fácil, también incluye todo tipo de inequidades e injusticias sociales y económicas, donde siempre hay responsabilidad del Estado.
Esta concepción ampliada permite, por ejemplo, categorizar desigualdades producidas por quienes conducen las instituciones de los tres poderes del Estado y/o del mercado, posibilitando una articulación entre la denuncia de hechos aberrantes y la necesidad de encarar posibles intervenciones y reformas que brinden solución a la vulneración estructural de derechos.
Para tener en cuenta la dimensión del problema que afrontamos en la actualidad, las estadísticas de la Procuración bonaerense hablan por sí solas. Solamente, durante el primer semestre del año pasado (ultimo dato disponible) se registraron un total de 2.238 víctimas de hechos vinculados a casos judicializados de violencia institucional en la Provincia. De ese total, 168 víctimas resultaron ser niñas, niños o adolescentes (NNyA) que en su mayoría denunciaron haber padecido prácticas abusivas e ilegales en el espacio público por parte -principalmente- de efectivos vinculados al aparato represivo del estatal.
El municipio bonaerense, con mayor cantidad de denuncias por hechos de violencia institucional contra NNyA es Mar del Plata, mientras que el número mas importantes de victimas se encuentran en los departamentos judiciales de San Nicolás, Mercedes y Bahía Blanca[1].
Lejos de atender estas situaciones, desde distintos sectores políticos se propone profundizar aún más la mano dura, y hacen asociaciones directas entre NNyA y la delincuencia, situación que no se sustenta en ninguna estadística confiable. En realidad, la baja en la edad de imputabilidad implicará, en caso de concretarse, darle mayor poder a integrantes de las fuerzas de seguridad y un incremento sustancial de los jóvenes institucionalizados, en un sistema que ya se encuentra absolutamente colapsado.
El año pasado, el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo una serie de observaciones. Entre otros puntos, expresó su profunda preocupación por el «alto número» de niños que, privados de un entorno familiar, permanecen institucionalizados.
Teniendo en cuenta el marco conceptual descripto, debemos considerar que el desfinanciamiento de los programas sociales, por quienes eventualmente tienen las riendas de la administración de la Estado, puede y debe ser considerado como una forma clara de violencia institucional ya que ese tipo de prácticas vulneran principalmente derechos que les asisten a los sectores sociales más postergados.
Un ejemplo concreto de violencia institucional ampliada es lo que ocurre con las adicciones. El Estado viene desfinanciando el sistema de prevención y asistencia, que tiene en la Sedronar al máximo organismo coordinador, invirtiendo cada vez menos en programas destinados a recuperar a aquellos/as que padecen el flagelo de las drogas. Como contraparte, se destinan cada vez más recursos humanos y materiales para judicializar el consumo personal, situación que se está poniendo de manifiesto en diferentes Juzgados Nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, como así también en departamentos judiciales bonaerenses donde hay causas que se tramitan a partir de la norma que estableció la desfederalización parcial de los delitos vinculados a la violación a la Ley de Estupefacientes.
En rigor, estamos ante una responsabilidad compartida. Por un lado, el Poder Ejecutivo no brinda asistencia a los adictos, mientras que sectores del Poder Judicial parecen estar en otra sintonía cuando se está a punto de cumplirse 10 años del momento en que la Corte Suprema fijó jurisprudencia en el denominado caso Arriola: el máximo tribunal reconoció la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. En tanto, el Poder Legislativo sigue sin avanzar en las reformas necesarias para adaptar el marco normativo de nuestro país a los nuevos tiempos, manteniendo vigente un vestusto y absurdo paradigma para el cual atacar el narcotráfico significa perseguir al consumidor con la ley penal.
[1] Los datos corresponden al Registro de Violencia Institucional (R.V.I) de la Provincia, creado por Ley 14687 de 2015, y que fue puesto en marcha en 2017. Tiene como objetivo: detectar, registrar, sistematizar y dar seguimiento a las Investigaciones Penales vinculadas con hechos de Violencia Institucional. Su funcionamiento está dado mediante una mesa de trabajo integrada por la Procuración bonaerense, y de la que también forman parte la Suprema Corte bonaerense, el Senado, la Cámara de Diputados, los ministerios de Justicia y de Seguridad, la Defensoría del Pueblo, la Comisión por la Memoria, el CELS, la Organización Civil Madres del Dolor y la ONG Organización por la Vida