Así lo afirmó el Defensor del pueblo Adjunto, Walter Martello, al disertar en el Curso sobre Crimen Organizado que llevó a cabo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Valoró los avances registrados en los últimos años, en cuanto a las incautaciones de estupefacientes. Y propuso que el Estado complemente ese accionar con una perspectiva basada en los derechos humanos. Pidió un abordaje forma integral de las adicciones.
El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que aquellas iniciativas para controlar el uso y la producción de sustancias, sin atender la demanda, suelen dar lugar a consecuencias más perjudiciales que las propias drogas. En ese sentido, enumeró distintos derechos, garantizados por la Constitución nacional y las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, que ponen en juego las políticas inspiradas por “el paradigma prohibicionista y punitivista”.
Martello exhortó a atender de forma urgente el impacto de la guerra contra las drogas en los sectores sociales más vulnerables, como las mujeres pobres, “que constituyen el último eslabón en la cadena de comercialización y están colmando las cárceles bonaerenses”.
“El principal delito que se les imputa está vinculado con el narcomunedeo. En la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales, entre 2013-2018, creció en un 90% la cantidad de mujeres privadas de la libertad. Y también viene aumentando el número de detenidas con medidas de prisión preventiva o con sentencias que no están firmes. La tasa de crecimiento de la población carcelaria masculina está muy por debajo de la femenina.”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.
“Mientras esto sucede, el número de causas vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del narcotráfico en la Argentina, se pueden contar con los dedos de una mano”, explicó Martello en su disertación, que tuvo lugar en la sede central de la Policía Federal Argentina.
El curso forma parte de distintas iniciativas que lleva adelante la UNODC como son el “Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha – Iniciativa Educación para la Justicia” y el proyecto “CRIMJUST – Fortalecimiento de las capacidades para la investigación y judicialización”, mediante el cual se brinda apoyo a 12 países en América Latina, el Caribe y África Occidental en su lucha contra la delincuencia organizada en las rutas de tráfico de cocaína.
Martello remarcó que “hay que valorar positivamente el importante accionar que despliegan las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país que han permitido, por ejemplo, aumentar en más de un 80% las incautaciones de cocaína, en casi un 200% las cantidades de LSD y más de un 2700% las incautaciones de anfetaminas”.
“Pero, al mismo tiempo, la realidad nos muestra es que nunca como hasta ahora circula tanta cantidad de cocaína, marihuana y éxtasis en la Argentina. Y esto se debe a que nuestro país, desde hace tiempo, dejó de ser un país de tránsito para pasar a ser un país de consumo masivo de drogas. La mayoría de los estupefacientes que ingresan es para abastecer el mercado interno”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto.
“Debemos cambiar el paradigma y ello implica complementar las estrategias que apuntan a reducir la oferta de drogas, con iniciativas que impliquen reducir la demanda. Se debe garantizar, desde el Estado, que las medidas de ajuste no impacten en los programas que apuntan a prevenir y brindar asistencia a las adicciones”, concluyó Martello.