Ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de emitir un decreto que incorpora como productos comerciales a los cigarrillos electrónicos y/o vapeadores, aplicándoles una tasa del 20% de la base imponible, se corre serio riesgo de echar por tierra con el arduo trabajo que se ha venido realizando desde hace décadas para disminuir el consumo de tabaco.
Se trata de productos cuya importación, distribución, comercialización y publicidad se encuentra actualmente prohibida por la Disposición A.N.M.A.T. N° 3226/2011, norma regulatoria que fuera refrendada por el mencionado organismo en el año 2016 -gobierno de Mauricio Macri- a través de un estudio de evaluación de tecnología sanitaria y un comunicado informativo.
Ante esta situación, desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense elaboramos un informe pormenorizado que analiza a fondo la cuestión. Entre otros aspectos, datos oficiales muestran que en la Argentina el 18% de los estudiantes de entre 13–15 años fuman cigarrillos, mientras que el 7,1% utilizan cigarrillo electrónico.
Además, el 41,8% de los estudiantes creen que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el cigarrillo común, mientras que el 7,3% considera que es más dañino y casi un 40% de los jóvenes no sabe si es más o menos dañino. Es decir, existe una extremadamente baja percepción del riesgo (solo el 7,3%) en este grupo etario, el cual suele ser objeto de las estrategias subrepticias de incentivo al consumo por parte de la industria del tabaco.