El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, derogó de un plumazo una serie de resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, entre ellas una normativa del año 2019 que obligaba a los establecimientos educativos a brindar información detallada del contrato educativo antes del inicio del cliclo lectivo. A saber: aranceles mensuales, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad de cuotas, etc.
En efecto, Caputo derogó la resolución 678/19 que abarcaba a todos los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial que presten servicios en los niveles preprimario (inicial), primario (EGB) y secundario (Polimodal) y educación especial en todo el territorio nacional.
Dicha normativa, ahora dejada sin efecto, tenía como objetivo garantizar el derecho de acceder a información adecuada sobre los servicios educativos privados contratados por madres/padres/tutores para sus hijos y/o menores a cargo.
Asimismo, la resolución 678 establecía que, en caso de incumplimiento, se podían realizar denuncias ante la Secretaría de Comercio, pudiéndose aplicar sanciones ante abusos con los aumentos en las cuotas y matrículas.