Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense nos sumamos a la campaña internacional “#InclusiónSignifica.
El objetivo global 2022 apunta a fortalecer, abogar y reivindicar la igualdad de derechos para las personas con síndrome de Down. En ese sentido, la obligación del Estado se ve reforzada cuando se trata de NNyA con discapacidad.
En los últimas dos décadas hubieron avances respecto al reconocimiento de derechos pero aún queda mucho por hacer. Las estadísticas de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) permiten visibilizar algunas de las problemáticas vigentes en nuestro país:
• El 66% de las personas con síndrome de Down son niños y niñas
• El 48% de las y los jóvenes con síndrome Down mayores de 12 años aún no ingresaron al secundario
• El 85% de las personas con síndrome de Down están fuera del mercado laboral
Es necesario que el Estado mejore su base de datos y de estadísticas de las personas con síndrome de Down para poder diseñar políticas públicas que apunten a la plena inclusión. A su vez, debemos trabajar para evitar que sigan registrándose casos de familias que tiene que ir a la Justicia para que prepagas y obras sociales cubran la prestación de las maestras integradora y/o psicopedagoga.
También es necesario avanzar en la desburocratización para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en los casos de discapacidades permanentes e irreversibles, sin perjuicio de los controles periódicos que puedan exigir las Juntas Evaluadoras.
