Ante declaraciones que se plantean respecto a los extranjeros y sus vínculos con el delito, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, destacó que “los números oficiales indican que, en promedio, solo el 3% de los detenidos no son de nacionalidad argentina y ese indicador se reduce al 1% en los que refiere al fuero penal juvenil bonaerense”.
“Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la Provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se ha incrementado los delitos cometidos por ciudadanos/nas de otros países. El último relevamiento realizado por la Procuración bonaerense muestra que en algunos departamentos judiciales, como Trenque Lauquen y Necochea, el 100% de los presos son de nacionalidad argentina”, explicó Martello.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años de edad) aparece que prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia. Ello sucede, según se desprende de los datos del Registro de los Procesos del Niño del año 2017, en los departamentos judiciales de Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquén.
Martello remarcó que “en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo, que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tiene la documentación en regla”.
El Defensor del Pueblo Adjunto calificó como “absolutamente regresivas” las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los “buenos”, que pueden regularizarse, y los “malos”, a quienes les corresponde la expulsión.
“Tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en un año de campaña electoral, se pretende generar una suerte de efecto regional “efectista” incentivando la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes”.
Martello destacó que la políticas migratorias, inspiradas en la xenofobia, podría derivar en una “situación de discriminación institucional”, violando lo que el propio Estado argentino se comprometió a cumplir cuando adhirió, junto a 160 naciones, al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Dicho pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos y, entre esas metas, establece que se debe usar la detención de migrantes sólo como última opción.
A su vez, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en la última observación final sobre Argentina aprobada en junio del 2018, instó al Estado a que derogue el DNU 70/2017, que modificó la ley migratoria, por su impacto negativo en la unidad familiar y el interés superior de los niños migrantes. El Comité cuestionó que se siga aplicando el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 a pesar de que fue declarado inconstitucional por el poder judicial.