En lo que va de 2021, los accidentes de tránsito provocaron una muerte cada 3 horas en nuestro país. El 42% de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años de edad. El compromiso global para reducir a la mitad el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito, que debería haberse cumplido a fines de la década pasada, fue un fracaso.
Nos enfrentamos ahora al desafío de hacer cumplir este objetivo en los próximos años y por eso, en el marco del Día de la Seguridad Vial (se celebra el 10 de junio), desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense realizamos aportes para la constitución de políticas públicas que apunten a un abordaje integral de una de las principales causales de muerte de jóvenes en nuestro país.
En 2010, desde las Naciones Unidas, se anunció el denominado Primer Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020). Se trata de un documento, aprobado por los países miembros (incluido Argentina), que establecía una serie de medidas para reducir a la mitad del número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tránsito. Prácticamente, ningún país logró alcanzar esas metas y por ello se prorrogó el cumplimiento para la década 2021-2030. En otras palabras, estamos frente a una nueva oportunidad.
No todo lo realizado en los últimos años fue en vano. Se registraron varios avances y es por ello que existe una mayor concientización sobre la importancia de la seguridad vial y todo lo que conlleva no tener afianzada una política de Estado al respecto.
Desde el Observatorio hemos alertado sobre esta problemática. Elaboramos varias recomendaciones y documentos que describen la magnitud de la situación de los traumatismos causados por los accidentes, sus efectos sociales, sanitarios y económicos, haciendo especial hincapié en el impacto vinculado con los NNyA. Documentos que han tenido la intención de alertar a funcionarios públicos para que incorporen la seguridad vial como un programa permanente y perdurable, transversal a los colores políticos de los gobierno de turno.
¿Qué debemos hacer? La realidad es que no existen soluciones mágicas. En principio, para reducir el número de accidentes de tránsito, es necesario acelerar el ritmo de los cambios legislativos y las medidas de aplicación. Debemos trabajar fuertemente sobre el patrón socio-cultural de la siniestralidad vial y prestar una mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como los peatones, los ciclistas y los motociclistas. También es necesario contar con estrategias que vinculen el problema de las adicciones y los consumos problemáticos con la seguridad vial.
Datos de la ANSV a tener cuenta:
– El perfil de las víctimas: 77% corresponde a varones, cuadruplicando a de las mujeres (22%).
– 6 de cada 10 víctimas son usuarios vulnerables de la vía pública: peatones, los ciclistas y los motociclistas
– La provincia de Buenos Aires concentra más del 23% de los siniestros viales fatales del país.
-La vinculación entre la siniestralidad vial y el consumo de sustancias psicoactivas es directa: al menos 3 de cada 10 conductores (28%) accidentados, atendidos en las guardias de los hospitales, consumió alguna sustancia en las horas previas al accidente.
La incidencia del factor humano en los accidentes de tránsito tiene relación con cuestiones normativas, con el establecimiento de las reglas de tránsito y los mecanismos de sanción correspondientes. Pero también con los modos de manejo aprendidos y con conductas de inculcación temprana.
La principales causas de accidentes son la falta de educación vial, la desatención y la irresponsabilidad del conductor. También influye, en cierta forma, la protección implícita que significa una póliza de seguros que, seguramente, licuará las efectivas responsabilidades civiles que pueda producir un eventual siniestro fatal. Con el marco normativo actual, la responsabilidad penal será leve: ni siquiera a tenor de una posible responsabilidad por dolo eventual.
Ante esta situación, desde mi rol como Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, tengo el compromiso de seguir trabajando para lograr mayor niveles de concientización que nos permitan afrontar un flagelo que requiere, necesariamente, generar acciones centralizadas en todo el territorio. Necesitamos avanzar hacia la unicidad de criterios y conductas.
También se hace indispensables actualizar y modificar el marco normativo para incluir, por ejemplo, la “figura de delito vial” dentro del código penal. Eso nos permitirá, al menos, ponerle un freno a la discrecionalidad judicial.
En definitiva, urge la necesidad de tomar decisiones importantes. Tras un decenio en el que lejos estuvimos de poder cumplir los objetivos, nos queda mucho camino por recorrer.