La devaluación del peso, ocurrida en los últimos días, llevó a que se diluyera la recuperación del poder de compra que había registrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Hijo/a Discapacitado a partir de la decisión adoptada por el gobierno nacional de adelantar -en marzo pasado- el pago por movilidad, estableciendo un aumento total del 46%. La caída del poder adquisitivo también impacta, con fuerza, en el bolsillo de los beneficiarios de otras asignaciones (prenatal, nacimiento y matrimonio).
Los dos pagos extras de 1000 pesos por hijo, que se aplicarán solamente en septiembre y octubre, son medidas positivas, pero absolutamente insuficientes. Y se corre el riesgo de que, en caso de no adoptarse medidas de fondo, la situación de los sectores socialmente más postergados sea aún peor que la actual a partir de noviembre.
Cabe destacar que la próxima actualización del beneficio que otorga el principal plan social de la Argentina recién se concretará en 2020. Esta situación se da en un contexto que ya era lo suficientemente grave dado que, según el último informe del INDEC relacionado con la pobreza, el 46,8% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años están en esa condición de vulnerabilidad.
La AUH es una asignación mensual por hasta 5 hijos menores de 18 años. La cobra uno solo de los padres priorizando a la mamá, y debe encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: desocupado/a, trabajador/a no registrado (sin aportes), trabajador/a del servicio doméstico, monotributista social; inscriptos en los planes Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de trabajo. A su vez, un beneficio similar percibe, en concepto de asignación familiar, trabajadores de las primeras categorías en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados con menores de 18 años a cargo o discapacitados. En el caso de los trabajadores registrados, se aplica un sistema de topes y el monto varía según el ingreso familiar.
Para entender la situación es necesario establecer algunas comparaciones numéricas. En mayo de este año, los $2.652 de asignación que se cobra por hijo equivalían a 57,22 dólares. La estabilidad cambiaria de la época prelectoral posibilitó una leve recuperación del poder de compra, en comparación con el valor de la moneda extranjera (no necesariamente en torno a la inflación), llegando a representar casi US$ 62 durante el mes pasado. Pero todo se derrumbó el lunes último tras la abrupta devaluación, a punto tal que la AUH pasó a ser en agosto de apenas US$ 46,42, el valor más bajo medido en función de la divisa norteamericana de los últimos seis años.
En ese sentido, en caso de que en septiembre se mantenga el tipo de cambio vigente al momento de escribirse esta nota, en torno a $61 (algo poco probable), los $3652 que cada beneficiario/a percibirá por hijo/a representarán US$ 59,8, por encima de 2018, pero muy por debajo de lo que se registraba en 2016 y 2017.
Una situación similar podemos observar con la Asignación por Hija/o Discapacitado: era de US$ 186 en mayo, pasó a ser US$ 208 en julio y actualmente –sin contabilizar el pago extra de septiembre y octubre- solo llega a los US$ 148.
La abrupta devaluación provocó que varios comercios, especialmente mayoristas, suspendieran sus ventas al verse en la necesidad de actualizar precios para reponer el stock. En ese contexto de incertidumbre, comenzó a visualizarse los primeros impactos del traslado de la nueva cotización del dólar a las góndolas, situación que agudizará aún más la pérdida de poder adquisitivo.
Algunos ejemplos hablan por sí solos. Si tomamos como referencia el listado de productos que forman parte del último informe del Índices de Precios al Consumidor del INDEC, con valores a junio de 2019, y los comparamos con el promedio de los precios actuales publicados en los catálogos on line de las principales cadenas de supermercados del país, aparecen diferencias muy preocupantes.
¿Qué se puede hacer?
Pese a la magnitud de la crisis, que ya se visualizaba a principios de 2019, el gobierno nacional decidió no renovar el mecanismo de reintegro del 15% del IVA por compras realizadas con tarjeta de débito por parte de jubilados y beneficiarios de planes sociales.
Hasta el año pasado este régimen alcanzaba a más de 1,5 millones de personas, incluyendo beneficiarios/as de la AUH y de la Asignación por Embarazo; jubilados/as y pensionados/as que cobran el haber mínimo, y personas que perciben pensiones no contributivas.
El decreto 94/18 extendió hasta el 31 de diciembre pasado el sistema de reintegro del IVA. Se cumplió el plazo y la devolución dejó de realizarse. A su vez, el límite de 300 pesos de reintegro mensual, establecido por el gobierno nacional, ya había quedado absolutamente desactualizado por los aumentos de precios.
El monto promedio de devolución para los beneficiarios de planes sociales, según reconoció el Jefe de Gabinete en uno de los informes que elevó al congreso nacional, fue de apenas $38,30 durante 2018.
