Adicciones, narcotráfico y perspectiva de género: claves para afrontar el futuro pos pandemia

El Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense[1] adhirió a la campaña global lanzada desde Naciones Unidas por el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas”. El objetivo de este año es propiciar políticas activas que permitan comprender y actuar ante la adaptación del narcotráfico al contexto generado por el COVID-19, como así también prevenir nuevas y viejas modalidades de consumo que podrían proliferar tras la pandemia.  

La historia de Gaby (Diego Thill Caselli), que falleció el pasado 27 de enero. resume gran parte de la problemática vinculada al acceso a tratamientos y las diferencias de género.

Testimonio de Gaby

Gaby fue una importante referente de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ [2] en la provincia de Buenos Aires. Protagonizó el primer matrimonio igualitario de La Plata y, en los años 90, encabezó campañas e intervenciones callejeras para exigir que se respeten los derechos de las personas con HIV.

Gaby o Diego -utilizaba indistintamente sus dos nombres- convivió con el virus durante más de 20 años, y sufrió todo tipo de abusos por parte de integrantes de fuerzas de seguridad. Terminó en la cárcel, tras un operativo policial, y luego pasó a desempeñarse como coordinadora de Mecha Diversidad, un colectivo surgido desde las entrañas del sistema penitenciario que tiene el objetivo de pacificar las cárceles a través de la humanización y la tolerancia.

“Nunca en la vida había vendido, y nunca más lo voy a volver a hacer. Yo bailaba y daba clases de danzas hasta que me rompí la pierna en tres partes, en un accidente de moto. Estuve un año sin caminar y no pude bailar más, ni dar clases, y en ese momento se presentó una oportunidad de ganar algo de plata, que se convirtió en mucha y me cebé. Me enceguecí con la guita y pensé que iba a ser intocable, pero el universo me dijo no. Acá nadie es intocable: o muerto o presa. Creo que podía haber terminado muerta, porque en ese momento tomaba mucha. cocaína, más de 15 gramos por día. Y el universo me dio una señal y lo pude alquimizar: revertí la energía”.

Gaby estuvo en el pabellón trans de la cárcel de Florencia Varela durante más de 8 meses. Toda su experiencia esta relatada en el libro “SALIÓ MAL”

Acceder y Descargar SALIO MAL

 

Tras lograr la prisión domiciliaria con tobillera, Diego (Gaby) se fue a vivir con su madre y paso los últimos meses de su vida intentando superar uno de los principales problemas que cargaba sobre sus espaldas desde muy joven. Su historia no parece ser una excepción, en materia de políticas de drogas.

La Argentina se enfrenta a un doble desafío: dar respuestas inmediatas ante una situación inédita como es el confinamiento; y a la vez prepararse para un escenario complejo pos pandemia en un contexto no exento de dificultades. 

Objetivo 2020

En 1987 la Asamblea General de la ONU decidió establecer el 26 de junio como un día internacional dedicado a difundir y concientizar sobre la necesidad de reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. Este año la campaña global se da en una situación muy particular ya que la pandemia COVID-19 generó enormes desafíos para las políticas públicas que, con diferentes perspectivas, instrumentan los Estados nacionales y jurisdiccionales para reducir la demanda de estupefacientes y atacar el narcotráfico.

En el último tiempo, además del contexto pandémico, el abordaje del problema mundial de las drogas se vio “plagado” por información errónea de muchos tipos. Por eso, para este año, la ONU estableció el lema “Mejor conocimiento para un mejor cuidado” para llevar adelante la campaña global por el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas”.

De lo que se trata, en definitiva, es que las políticas públicas estén sustentadas en datos, estadísticas y diagnósticos certeros e indubitables, que sirvan para encarar lo que se viene. Mas temprano que tarde, el aislamiento preventivo, social y obligatorio será parte de la historia, y se deberá hacer frente a un panorama con características muy diferentes respecto a lo que se registraba antes de la pandemia.

Panorama argentino

En el relevamiento del 3° Trimestre de 2019 de la Sedronar [3], que recoge información aportada por usuarios/as que se atienden o hacen consultas en los dispositivos asistenciales (como la Línea 141), surge que la cocaína es la sustancia más frecuentemente mencionada con el 32%, seguido por el alcohol (25,6%), marihuana (15,8%) y la pasta base (11,5%).  En tanto, en lo que se refiere a la sustancia de inicio del consumo problemático casi el 50% (48,3%) de los/as asistidos/as declaró que fue la marihuana, seguido por alcohol (27%) y cocaína (15,2%).

Al analizar los motivos de las bajas registradas en los dispositivos dependientes del Estado nacional, surge que casi el 77% de los casos son por abandono (decisión voluntaria del propio paciente), el 9,7% porque finalizó la beca y apenas el 1,3% es por haber recibido el alta de los profesionales a cargo del tratamiento.

A diferencia de lo ocurrido durante la gestión gubernamental que finalizó el pasado 10 de diciembre, este año la actual conducción de la Sedronar ha tenido una política proactiva. Entre otras medidas, se elaboraron protocolos que permitieron mantener abiertos los dispositivos durante la emergencia por el COVID-19 y se reforzaron las campañas de prevención en redes sociales.

Impacto diferenciado y la cuestión de género

Los recursos escasos en prevención y asistencia en materia de adicciones no impactan, por igual, en todos los grupos sociales[4]. Los presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades de los Estados en relación con el bienestar de la población y el desarrollo del país, así como su compromiso con los derechos humanos. En este sentido, la forma en la cual se distribuyen los recursos juega un importante papel para crear condiciones favorables para remediar y compensar desigualdades, y también para erradicar la discriminación y la violencia de género.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) – foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas- viene alertando en los últimos años que las políticas de drogas tienen un impacto diferencial en mujeres y hombres. Por ende, sino se abordan específicamente estas diferencias, se tiende a reproducir y profundizar desigualdades existentes en el desarrollo humano, producto de una sociedad patriarcal y androcéntrica. La inclusión del enfoque de género supone que las acciones emprendidas contribuyan a cerrar esas brechas[5].

Del mismo informe mencionado se desprende que el perfil del asistido en los dispositivos es eminentemente masculino: 88% de los usuarios de los servicios de los Centro de Orientación en Adicciones son hombres. Los porcentajes son similares a los registrados durante los trimestres anteriores. Este dato, a su vez, se relaciona con uno de los principales resultados arrojados por una investigación sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de 12 a 65 años, realizada en 2017 por el Observatorio Argentino de Drogas. Concretamente, el estudio nacional mostró que, de las personas que buscaron tratamiento en el último año, las mujeres tuvieron menor acceso y permanecieron menos tiempo en los dispositivos de rehabilitación.

Si analizamos las diferencias de género, según el tipo de consulta, encontramos que la enorme mayoría de las consultas efectuadas por mujeres son indirectas. Esto es, consultas en las que se solicita orientación o ayuda para otra persona. Tan solo un 5% son directas: efectuadas por la mujer que presenta un consumo problemático de sustancias. En el caso de los hombres, se observan valores similares en las consultas directas y en las indirectas.

En concordancia con la literatura científica sobre el tema, el consumo problemático femenino es mayor al de los hombres en tranquilizantes y/o ansiolíticos/benzodiacepinas. También se observa un mayor consumo femenino –de modo proporcional- en sustancias como pasta base y, en menor medida, marihuana.

Por su parte, las consultas de hombres son más frecuentes en sustancias como la cocaína (presentando una diferencia significativa con respecto a las mujeres) y el alcohol (donde la diferencia entre géneros es menor).

En la provincia de Buenos Aires, la situación también es compleja. Existen solo siete comunidades terapéuticas dependientes del Estado bonaerense. Todas ellas están destinadas a la atención de pacientes hombres. En tanto, respecto a los dispositivos asistenciales, existe un total de 85 instituciones y organizaciones no gubernamentales conveniadas con el Estado nacional (especialmente casas de asistencia y acompañamiento comunitario), pero solamente tres ofrecen la opción de alojar –bajo la modalidad de internación- a mujeres, embarazadas y mujeres con niños. Cabe destacar que estas casas son, en realidad, dispositivos mixtos. Asimismo, la disparidad de plazas es bien marcada. Una de las comunidades terapéuticas solamente tiene plazas para cuatro mujeres.

Esta situación de exclusión pone a la Argentina en una verdadera encrucijada ante la comunidad internacional. Justamente, este año también se celebra el 25° aniversario del momento en que la Plataforma de Acción de Beijing[6] de las Naciones Unidas estableció el modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en lo público o en lo privado. El desarrollo de políticas para la prevención y asistencia de las adicciones[7] es uno de los ítems que forman parte de dicha plataforma.

Pandemia y después:

Dice textualmente el último informe de la UNODC, dado a conocer en medio de la pandemia del COVID-19[8]:

¿En que se basan las proyecciones de la UNODC? Básicamente, en lecciones aprendidas durante la historia reciente. Por ejemplo, la última gran recesión a escala global que tuvo lugar durante los años 2008-2009:

“Es posible que se materialicen tendencias similares a partir de la recesión económica relacionada con COVID-19. Los efectos de la crisis financiera de 2008 se documentaron sobre todo en Europa, donde 15 de 19 países comunicaron recortes en los presupuestos relacionados con las drogas, que oscilaron entre el 2% y el 44%” (UNODC)

Del lado de la oferta, también se vienen registrando algunas transformaciones en el mercado global. La UNODC no deja lugar a dudas: quienes trafican han sabido adaptarse rápidamente al nuevo contexto y se preparan para lo que viene:

  • Cocaína: los datos recientes sobre las incautaciones de cocaína han revelado que se siguen interceptando grandes envíos de cocaína en todos los principales mercados de América Latina y Europa. Estas incautaciones (en su mayoría) documentan la actividad de tráfico transfronterizo en gran escala y pueden ser indicativas de la continuación del tráfico internacional de cocaína. Respecto a los lugares donde las estrictas medidas de cierre pueden haber reducido drásticamente el consumo, ya que la droga se suele consumir en entornos recreativos como bares y clubes, la UNODC pide prestar especial atención: “Esto, junto con las limitadas opciones de distribución de los productos desde el punto de entrada hasta el consumidor final, puede haber dado lugar a una interrupción de la demanda de la droga. Cabe suponer que dicha interrupción en la cadena de suministro podría llevar a los grupos de narcotraficantes a almacenar drogas cerca de los países de origen. Una vez que se levanten las restricciones de COVID-19, existe el riesgo de que el mercado se inunde con cocaína de bajo costo y alta calidad, lo que podría dar lugar a un aumento del consumo y los daños relacionados entre los consumidores de drogas”.
  • Cannabis: a diferencia de la producción de otras drogas de origen vegetal, que se concentra en un número limitado de países, el cannabis se produce en casi todos los países del mundo. Los productos de cannabis suelen producirse y distribuirse localmente a través de cadenas de suministro nacionales muy cortas. No hay indicios de que esas cadenas de suministro se hayan visto drásticamente interrumpidas por las medidas de COVID-19.
  • Drogas sintéticas: en general, los traficantes pueden producir grandes cantidades de drogas sintéticas a un costo relativamente bajo y enviar grandes cantidades dentro de las regiones y entre ellas. Sin limitaciones geográficas, como la necesidad de acceso a tierras adecuadas y a un clima propicio para el cultivo de drogas, las instalaciones de fabricación clandestina pueden establecerse en general en cualquier lugar y funcionar con relativamente pocos requisitos logísticos y de mano de obra. Donde las medidas aplicadas para restringir la propagación de COVID-19 podrían tener el mayor impacto es en la disponibilidad de sustancias precursoras sometidas a fiscalización internacional. Si se dispone de instalaciones de fabricación nacional y de un suministro nacional de precursores, el suministro de drogas sintéticas sólo puede verse afectado en las zonas sometidas a restricciones de movilidad muy estrictas.
  •  

Revertir el problema de financiamiento en Argentina

Los estados tienen obligaciones en virtud de la ley internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos [9] , y de proporcionar los recursos necesarios para ello. [10]

Ahora bien, pese a que durante el periodo 2016-2019, en la Argentina, hubo un ajuste que impactó de lleno en los programas de prevención y asistencia de las adicciones, sin contemplar los numerosos indicadores que mostraban y siguen mostrando preocupantes incrementos en los niveles de consumo de casi todas las sustancias, situación que a su vez motivó que se declarara el estado de emergencia durante el año 2016 [11].

La caída de la incidencia sobre el total del presupuesto nacional de SEDRONAR, equivale a una pérdida superior a los $180 millones solo entre 2018 y 2019. A eso se le suma que dicha secretaría sufrió distintos recortes presupuestarios entre 2016 y 2019, que intentaron ser compensados con reasignaciones de partidas, las cuales nunca llegaron a equiparar la pérdida por inflación.

El último informe da cuenta que, durante el 3° trimestre de 2019, en los dispositivos de la Sedronar se asistió a un total de 2.101 usuarios, observándose una disminución significativa -cercana al 25%- respecto a la cantidad registrada durante el mismo trimestre de 2018 (2.616).

A su vez, el monto total del dinero destinado a becas de tratamientos tuvo un incremento interanual de apenas 6% durante el tercer trimestre de 2019, en comparación con igual período de 2018, cuando la inflación estuvo por encima del 53%.

¿Qué implica una perspectiva de género en drogas? [12]

  • Considerar sistemáticamente las diferentes condiciones y necesidades de mujeres, hombres, personas trans y no binaries.
  • Reconocer relaciones de poder, privilegios, discriminaciones y violencias asociadas.
  • Identificar las causas de las desigualdades.
  • Cuestionar su naturalización, relacionándolas con los estereotipos, roles y mandatos de género.
  • Tener presente que la adicción y las violencias de género se retroalimenten fácilmente como dinámicas y sistemas de relaciones en la vida de las mujeres. El campo de las adicciones y los consumos problemáticos de sustancias no deja de ser un espacio de relaciones que, precisamente por la presencia de sustancias que inhiben los mecanismos de control, alteran los estados de conciencia o disminuyen la capacidad de reacción, etc. favorecen que haga su aparición directa la violencia estructural contra las mujeres (Martínez 2018, pp. 28). [13]

¿Por qué hay que aplicar la perspectiva de género?

  • Las motivaciones para iniciarse o mantenerse en el consumo no siempre coinciden.
  • No todos los factores de riesgo y de protección tienen el mismo impacto en hombres, mujeres, trans y personas no binaries.
  • Los efectos o consecuencias del uso y abuso de las drogas son distintos.
  • La adicción a las drogas en hombres, mujeres, trans y no binaries sigue un curso muy diferente. El estigma social también es diferente. [14]

 

 

 

 

Notas y Fuentes:

[1] Desde el mismo momento en que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19 se pusieron en marcha una serie de relevamientos desde la Defensoría del Pueblo bonaerense para seguir de cerca el impacto del contexto pandémico en las adicciones, y su posible evolución. Por ejemplo, se encaró un estudio, basado en 506 entrevistas, que determinó que casi el 21% de los encuestados/as, que ya consumían sustancias desde antes de la cuarentena, reconoció haber aumentado esa práctica -principalmente drogas legales como alcohol, tabaco y antidepresivos- producto del confinamiento. Asimismo, se indagó respecto a cómo perciben que será la situación post pandemia: entre los que admiten haber aumentado su consumo, el 30% de los/as entrevistados dijo que no cree poder volver al consumo habitual. https://www.defensorba.org.ar/contenido/covid-19-y-adicciones-estudio-sobre-consumo-de-tabaco-alcohol-y-estupefacientes-#

[2]  El término LGBTIQ+ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. Estas siglas han evolucionado a lo largo de los años. Si bien al principio eran solo LGB, en los últimos años se han incorporado nuevos conceptos para hacer referencia a otras identidades de género y orientación sexual. Pese a que no son categorías expresamente mencionadas en los instrumentos de derechos humanos más antiguos, a nivel internacional se ha reconocido la obligación de los Estados de no discriminar a las personas en razón de su orientación sexual y a la identidad de género (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, A/HRC/19/41, 17 de noviembre de 2011, párr. 22. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015, párr. 23).

Los órganos del Sistema Interamericano, tanto la CIDH como la Corte Interamericana han interpretado la Convención Americana en el sentido de incorporar la orientación sexual e identidad de género como una categoría protegida bajo el artículo 1.1 de la misma Véase CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en Américas, 12 de noviembre de 2015, párr. 39; y Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239;. Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24.

[3] Boletín estadístico del perfil de pacientes asistidos, transferencias por becas de tratamiento y llamadas al servicio de atención de la línea 141 – Sedronar. Tercer Trimestre de 2019.

[4)  La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el tratado internacional más amplio en materia de derechos humanos de las mujeres. La CEDAW obliga a los Estados Parte a formular medidas e iniciativas públicas, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad de género en los hechos. En este sentido, insta a los Estados Parte a adoptar “medidas especiales de carácter temporal” orientadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (art. 4). Entre estas medidas se encuentran los presupuestos públicos con perspectiva de género y los presupuestos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres.

[5] A nivel de regional, conforme la Declaración de Antigua de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2013), las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género.

[6] La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Todavía hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Este texto de referencia fue el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Tras dos semanas de debates políticos y de intercambio de información sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas, y experiencias, representantes de 189 gobiernos acordaron compromisos sin precedentes. Asimismo, más de 30.000 personas participaron en el foro de organizaciones no gubernamentales que tuvo lugar en Huairou, un espacio único para el establecimiento de redes, la promoción, la capacitación y el intercambio de conocimientos.

[7] En particular, el objetivo estratégico C.2 de esta plataforma hace hincapié en el desarrollo de políticas para la prevención y asistencia de las adicciones, y en la promoción de la salud de la mujer. Dice textualmente: “Formular y aplicar campañas de difusión y programas de información y educación que informen a las mujeres y a las muchachas sobre los riesgos para la salud y los riesgos conexos que plantea el uso indebido de drogas y la adicción, y preparar estrategias y programas que desalienten el uso indebido de drogas y la adicción y promuevan la rehabilitación y la recuperación”.

[8] Reseña de investigación “COVID-19 y la Cadena de Suministro de Drogas: de la Producción y el Tráfico al Consumo”. UNODC, mayo de 2020.

[9) En el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que cada uno de los estados Partes se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos. Establece una obligación de progresividad.

[10] La estrecha relación entre los presupuestos gubernamentales y los derechos humanos es cada vez más reconocida por organismos de las Naciones Unidas (ONU), tales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité de Derechos del Niño (CRC), así como relatores especiales y expertos independientes.

[11] El Comité DESC ha señalado en su Observación General N° 14  sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12)” que si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud.

La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados Partes. Antes, al contrario, la realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Véase en similar sentido la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observación general Nº 13 (párr. 45)

[12] BURGOS, Ana, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SU INCORPORACIÓN EN EL ÁMBITO DE DROGAS. Curso on line “Perspectiva de género y drogas”, 19 mayo de 2020, organizado por el proyecto Malva (Fundación Salud y Comunidad), pág 31, 38

[13] HANSEN RODRÍGUEZ; Gisela  PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICADA A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO , Curso on line “Perspectiva de género y drogas” , organizado por el proyecto Malva (Fundación Salud y Comunidad), pág 53.

[14] CLARAMUNT EGEA;  Marta  PREVENCIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO , Curso on line “Perspectiva de género y drogas” , organizado por el proyecto Malva (Fundación Salud y Comunidad). Pág 27

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