Así lo advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, en base a los resultados de las pruebas realizadas por el Ministerio de Educación. Remarcó que en junio pasado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación al Estado argentino por “los obstáculos” a los que se enfrentan los adolescentes en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la educación en ese ámbito, y al alto riesgo de mortalidad materna entre las madres adolescentes.
Según las Pruebas Aprender 2018, entre los contenidos mencionados en menor proporción por los educadores de escuelas públicas y privadas se observan: nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género; métodos anticonceptivos; prevención de enfermedades de transmisión sexual; el embarazo: aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.
Martello advirtió que esta situación se produce en momentos en que, según las propias estadísticas oficiales, se incrementó en la Argentina la cantidad de nacimientos de bebés cuyas madres tienen menos de 15 años. Asimismo, el Defensor del Pueblo Adjunto destacó que el presupuesto de este año contempla un importante refuerzo en las partidas destinadas programa de Fortalecimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, que pasó de tener asignados $21,8 millones en 2018 a casi $103 millones. “Es importante que haya una plena utilización de esos recursos, y evitar lo que sucedió el año pasado cuando se registró una importante suebejecución”, agregó.
El relevamiento educativo nacional arrojó que apenas 2 de cada 10 docentes de sexto grado, que fueron consultados, incluyen en sus clases contenidos vinculados con la difusión de “métodos anticonceptivos”, mientras que solo el 26% ha dictado temáticas relacionadas con aspectos sociales, biológicos y afectivos del embarazo. Los indicadores más preocupantes se registran en colegios de gestión privada. Cabe destacar que se trata de tópicos básicos contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), cuyo dictado son de carácter obligatorio.
Al indagar sobre la opinión de los estudiantes, de forma similar a lo que ocurre con los docentes, el relevamiento destaca que los dos contenidos con menor cantidad de menciones son: cómo evitar el abuso sexual y métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. En este caso se observa que la proporción de estudiantes que menciona que los docentes les hablaron de estos contenidos es mayor en el sector estatal. Mientras un 28% de los estudiantes del sector privado menciona que los docentes de su escuela les hablaron sobre cómo evitar el abuso sexual, entre los estudiantes del sector estatal esta proporción asciende al 40%.
Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría, reclamó que el Estado nacional garantizar el efectivo cumplimiento de la ESI en todos los establecimientos públicos de gestión privada y estatal. Y alertó por la subejecución presupuestaria de distintos programas que promueven la salud sexual y reproductiva. “Las últimas estadísticas oficiales muestran una disminución de la cantidad total de nacimientos, pero al analizar los números específicos de las madres que tienen menos de 15 años se puede observar que se ha registrado un crecimiento preocupante en esa franja etaria. Por ello es indispensable que la ESI se aplique en todos los colegios públicos y privados, y que haya un compromiso de distintas fuerzas políticas para que más temprano que tarde se modifique el artículo 5 de esa ley, que es un vericueto del que se agarran algunos responsables de colegios privados para adaptar arbitrariamente la educación sexual a idearios religiosos”, concluyó.