La administración nacional va en sentido inverso a las recomendaciones de organismos internacionales. Datos oficiales de la ejecución presupuestaria que demuestran un claro congelamiento de la partida destinada a “Prevención, Estadísticas e Investigación sobre Consumos Problemáticos”, la cual se mantiene inalterable desde 2023, a pesar de la devaluación de diciembre y la inflación y actualmente representa menos del 10% del presupuesto de la exSedronar.
Al celebrarse el 26 de junio el Día Mundial contra el Abuso y el Uso Indebido de Drogas, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una campaña global que, precisamente, apunta a fortalecer la prevención bajo la consigna: “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”.
No entender la disminución de la demanda vía generación de evidencia y prevención es ir contra las políticas más eficaces en el mundo.
Según surge de los datos de ejecución presupuestaria, la administración nacional congeló en $544 millones la partida destinada a la prevención e investigación sobre consumos problemáticos. Es decir, la partida no se actualiza desde 2023 cuando la inflación acumulada de 2024 roza el 73%.
Estamos a mitad de año y, como es lógico ante la licuación, ya se devengaron $409,5 millones de la partida asignada, casi el 80%. Hoy la política de prevención de adicciones es prácticamente nula, el desfinanciamiento es claro.
Argentina es uno de los países de América Latina con mayores niveles de consumo de cocaína y marihuana, sólo superado por Uruguay y Chile.
Se estima que hay más de 5 millones de personas afectadas en nuestro país por el uso de sustancias ilegales.
La situación actual exige una respuesta integral y multifacética. El Estado nacional no puede desentenderse. Las políticas públicas deben centrarse en la prevención, hoy relegada, y en el abordaje coordinado, dado que la alta prevalencia de uso de sustancias ilícitas representa un desafío significativo para la salud pública y la cohesión social.
