Así surge del último balance presentado por Desarrolladora Energética SA (DESA SA), el grupo empresario que lidera Rogelio Pagano. Controla las distribuidoras de electricidad que operan en la provincia de Buenos Aires: EDEA (Costa Atlántica), EDEN (norte bonaerense), EDES (sur bonaerense), Edelap (Río de la Plata). El holding, que también incluye la empresa que distribuye electricidad en Salta (EDESA), mostró un rsultado positivo de casi 2100 millones de pesos durante el primer semestre de este año.
Como si el tarifazo que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2020 no bastara, mediante la misma resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que habilitó la suba de tarifas, las empresas fueron beneficiadas con la postergación del plazo para pagar las multas por no cumplir los parámetros de calidad establecidos por el contrato de concesión
Las distribuidoras eléctricas, tras los sucesivos tarifazos que autorizó el gobierno nacional y el bonaerense en los últimos cuatro años, no solo equilibraron sus cuentas sino que también acumularon ganancias millonarias. Así lo podemos observar claramente al analizar el último balance del Grupo DESA, presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los estados financieros son un resumen de toda la actividad financiera de la empresa, en un período determinado. Se utilizan para determinar qué tan bien o mal se encuentra el negocio.
El estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias o “P y G”, incluye todos los ingresos y gastos durante un período específico. Son indicadores que sirven comparar el rendimiento de una empresa o una serie de empresas través del tiempo. En este caso, el desempeño de las distribuidoras eléctricas del Grupo Desa durante el primer semestre de 2019. La información contenida es utilizada en una variedad de formas: los propietarios o los administradores de la empresa pueden determinar las formas de mejorar las operaciones o reducir los gastos. Son datos que también son tenidos en cuenta por potenciales inversores o entidades crediticias, quienes estudian los estados financieros para determinar si se deben prestar o invertir dinero en esas empresas.
En conclusión, el estado financiero muestra que las distribuidoras eléctricas que operan en la Provincia lejos están de pasar por un momento difícil. Por ello, no solo deberían realizar más inversiones, sino también no aplicar nuevos aumentos ante la crisis social y económica que vive el país.
Tarifazo en la mira
Uno de los puntos más cuestionables es que, dos días antes de publicarse el nuevo cuadro tarifario en el Boletín Oficial el pasado 30 de octubre, se firmó un acta acuerdo entre el gobierno y las empresas. El documento se rubricó el día de las después de las elecciones. El acta fue fechada el 28 de octubre, lleva la firma del Ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, y de los representantes legales de todas las empresas distribuidoras en la provincia que, en rigor, tienen el mismo dueño: Rogelio Pagano.
De esta forma, si el nuevo gobernador -que asumirá el 10 de diciembre -decidiera anular la resolución del ministerio que autoriza el aumento, la Provincia podría sufrir una demanda millonaria por parte de las empresas concesionarias, producto precisamente del acta acuerdo firmada el 30 de octubre.
El nuevo tarifazo se basa en la aplicación del sistema de Revisión Tarifaria Integral (RTI) establecida por la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura bonaerense que permite a los distribuidores obtener los ingresos necesarios para “la prestación sustentable del servicio de energía, dejando sin efecto el denominado “régimen de calidad diferencial”.
En ese marco, la mencionada resolución del año 2017 posibilita la actualización de los valores correspondientes al costo propio de distribución contenido en los cuadros tarifarios, que coincide con la reprogramación estacional de invierno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) efectuada en agosto. En otras palabras, el aumento les posibilita a las compañías poder hacer frente al mayor costo de la energía comprada a CAMMESA, la empresa mayorista que está conformada por muchos de los grupos empresarios que controlan el negocio del transporte y de la distribución de energía. En CAMMESA, el Estado nacional tiene el 20% de las acciones. Cabe destacar que este mayor costo de la energía es producto de que el gobierno de Mauricio Macri decidió dolarizar las tarifas.
Otro de los puntos cuestionables es que el Ministerio de Infraestructura determinó el factor de ajuste para la actualización anual del Valor Agregado de Distribución (VAD) previsto para el año 2019. EL VAD constituye gran parte de los ingresos que obtienen las empresas distribuidoras, es decir, representa la parte de la torta, en el negocio de la luz, que se quedan las distribuidoras.
La modificación del VAD le permitirá a las distribuidoras aumentar sus ingresos entre un 51,35% y un 52,39%, de acuerdo al área de concesión. A continuación se describen los valores del factor de ajuste anual:
Como si todo esto fuera poco, el acta acuerdo también le genera otro pesado condicionamiento a la próxima gestión. Establece que a partir del 1° de enero de 2020 continuará aplicándose el Incremento de Costos Tarifarios (ICT) en forma transitoria y hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el periodo 01/09/19 al 31/12/19, diferencias estas que serán actualizadas con intereses: se aplicará una tasa equivalente al factor de ajuste del VAD entre los meses de junio y noviembre de 2019, así como los valores del ICT que serán actualizados en la misma proporción del ajuste VAD reconocido.
Además, el documento también posibilita que las empresas puedan postergar el pago de las penalizaciones correspondientes a:
- El semestre 37 (2/6/19 al 1/12/19) se deberán acreditar en la primera facturación del semestre 39 (segundo semestre de 2020)
- Las del periodo comprendido entre 02/12/19 y el 01/02/20, pasa a inicio del semestre 40 (a partir de enero de 2021).
En el acta acuerdo, las distribuidoras se comprometen a desistir y renunciar a realizar cualquier tipo de reclamo administrativo, judicial, extrajudicial, arbitral. ¿Lo hará Edelap respecto a su reclamo judicial para no pagar la multa de $200 millones que le aplicó el OCEBA por el corte de suministro que dejó a oscuras la zona norte de La Plata, durante varios días, en junio de este año? Hasta el momento la empresa Edelap no dijo nada al respecto: en caso de pagar la multa, recién lo tendrá que hacer en el segundo semestre de 2020.
¿Como será el aumento?.
- Desde el 1º de enero los usuarios residenciales pagarán $ 3.53 el kilowatt hora, contra los 3.20 que se pagan hoy:
- Los cargos fijos se incrementarán más de 40 por ciento para ubicarse en $121.26 para usuarios residenciales.
Si bien el promedio de aumento que pagaran los usuarios ronda el 25%, el incremento de los cargos por instalación y reconexión por falta de pago son muy superiores: 51,95%.
