Embarazo no planificado: cada año, más de 84 mil adolescentes son madres en Argentina

El dato se desprende de las últimas estadísticas de natalidad publicadas por Ministerio de Salud de la Nación. Uno de cada 8 recién nacidos/as tiene como madre a una joven que no superan los 19 años de años.

¿De cuántos casos estamos hablando? El último registro oficial (correspondiente al año 2018) muestra 84.768 nacimientos que tuvieron como madre a jóvenes de entre 15 y 19 años siendo, en la gran mayoría de los casos, embarazos no deseados ni planificados. A ello hay sumarle otros 2350 nacimientos con madres que son niñas: no superan los 14 años de edad.

Si bien los indicadores totales muestran una pequeña disminución en el número de casos, las cifras siguen siendo alarmantes. Por ello, en el marco Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (26 de Septiembre), una campaña educativa global que tiene como objetivo principal crear conciencia entre los/as jóvenes para que conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas, se hace necesario reflexionar sobre esta problemática.

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense entendemos que la problemática del embarazo infantil y adolescente no puede ser considerada como algo secundario. Por el contrario, merece ser ponderada como prioridad en materia de derechos humanos. Debe reconocerse que es una cuestión pendiente que atraviesa transversalmente a los diferentes poderes del Estado, en todos sus niveles jurisdiccionales.

Ejemplo de esta situación es que, en los últimos años, los propios datos oficiales muestran que en la Argentina la tasa de recién nacidos con madres que no superan los 14 años se ha mantenido prácticamente inalterable. Solo se registran pequeñas variaciones.

¿Cuáles son las posibles soluciones? La respuesta tiene varias aristas. Por un lado, es indudable que se debe insistir en el fortalecimiento de las campañas de prevención del embarazo adolescente y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, haciéndola abarcativa al conjunto de todo el sistema educativo, tanto de gestión pública como privada.

Pero también es necesario apuntar al desarrollo de otro conjunto de medidas de prevención, detección y abordaje de la problemática en ámbitos sociales y comunitarios.

Deben realizarse todos los esfuerzos para mantener y sostener la salud sexual y reproductiva. Elo implica que niñas y adolescentes deben tener garantizado el  acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable.

En definitiva, deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse, no solo de lo que implica el embarazo infantil y adolescente, sino también de las infecciones de transmisión sexual.

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