Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo Adjunto bonaerense nos sumamos a la campaña global 2022 “Todo el mundo tiene que actuar” por el Día Mundial de la Obesidad (WOD por sus siglas en inglés).
Los índices de sobrepeso en la población infantil vienen aumentando en la Argentina.
Según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), se ha registrado un incremento de la prevalencia de sobrepeso de niños y niñas de hasta 5 años durante el período 2012-2020: pasó de 12,4% a 12,9%, siendo actualmente la tasa más elevada de América Latina.
Si tomamos como referencia los datos correspondientes a niños/as y adolescentes de entre 5 y 17 años, los últimos datos estadísticos oficiales de nuestro país muestran que el 41,1% tiene sobrepeso y obesidad, en una proporción de 20,7% y 20,4%, respectivamente, sin diferencias por nivel socioeconómico.
Como lo ha señalado recientemente la Cumbre Mundial de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios debemos garantizar que las dietas saludables estén disponibles, sean asequibles y accesibles para todos, especialmente para aquellos que viven en circunstancias vulnerables.
La reglamentación y aplicación efectiva de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada el año pasado, puede ser una importante herramienta para empezar a revertir estos indicadores. Por un lado, los rotulados permitirán advertir cuales son los productos que contienen excesos de grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y/o calorías. Pero la norma también establece límites para la publicidad y patrocinio de este tipo productos que son orientados a niños, niñas y adolescentes: no podrán ser promocionados u ofrecidos en entornos escolares.
Asimismo, desde hace siete años, en la provincia de Buenos Aires rige la Ley 14556 que establece la estrategia integral de educación para la salud. Esta normativa resulta aplicable en el sistema educativo en todos sus ámbitos, niveles y modalidades, de gestión estatal y de gestión privada. Esta ley, entre otros aspectos, dispone que se deben incluir contenidos para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la currícula con una secuencia lógica y progresiva, ajustada a los requerimientos, mediante una metodología que favorezca la participación de los alumnos y alumnas.
