Serían organizadas por empresas de turismo estudiantil. La modalidad conocida como “canilla libre” o “barra libre” está prohíbida por la ley de Nocturnidad. En la Defensoría del Pueblo bonaerense se abrió un expediente ante una reciente investigación periodística. Informes oficiales dan cuenta que uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 19 años ha tenido episodios de consumo excesivo de alcohol durante el último mes. El indicador supera el 52% si se tiene en cuenta los consumidores de esa franja etaria que beben de forma regular o esporádica.
Cuando se habla de adicciones, muchas veces no se toma real dimensión de lo que significa el alcoholismo y su creciente impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los niños, niñas y adolescentes (NNyA). En ese contexto, desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo venimos siguiendo con mucha atención algunos indicadores extremadamente preocupantes. Por ejemplo, la baja en la edad de inicio en lo que se refiere a la ingesta recurrente de bebidas alcohólicas (hemos detectado casos de niños de 11 años en escuela de La Plata) que, a su vez, suele actuar como puerta de acceso a otras adicciones vinculadas con distintos estupefacientes
Atento a la investigación publicada por el Diario El Día del pasado 20 de mayo, en la Defensoría abrimos un expediente de oficio (22073/19) para intervenir en salvaguarda de los derechos que se ponen juego cuando, según se denuncia, adolescentes acceden y consumen en exceso bebidas alcohólicas en fiestas de carácter privado, patrocinadas por empresas de turismo estudiantil. Como integrantes de un organismo constitucional, que promueve derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, nos genera preocupación y no podemos ser indiferentes ante este tipo de denuncias. Y más cuando la mencionada publicación periodística da cuenta que, en esas fiestas, se implementa la modalidad conocida como “barra libre” o “canilla libre”, prohibida por la Ley de Nocturnidad que oportunamente fue sancionada por la Legislatura bonaerense.
El artículo 4 de esa norma no deja lugar a dudas: “Prohíbese el expendio o promoción de bebidas alcohólicas cualquiera sea su graduación, en la modalidad conocida como “canilla libre” en locales bailables, confiterías bailables, discotecas, discos, salas y salones de baile, clubes, pubs y bares. Se entiende por “canilla libre” a la entrega ilimitada ya sea en forma gratuita o mediante el pago de un precio fijo previamente concertado”.
La intervención de la Defensoría del Pueblo se complementa con acciones de concientización y prevención, en establecimientos educativos y distintas organizaciones de la sociedad civil, que venimos desplegando para atenuar el gravísimo problema de las adicciones. En esa dirección, estamos convencidos en que el Estado, en todos sus niveles, debe adoptar un rol más activo para proteger a los derechos de NNyA, lo implica deconstruir la idea de que el consumo excesivo de alcohol está asociado a “la diversión” y a “lo festivo”.
En el último año, desde el Observatorio también llevamos a cabo distintos relevamientos de campo para analizar en profundidad las características del consumo de alcohol entre jóvenes de entre 18 y 30 años. Entre otras conclusiones, encontramos que la mayoría reconoció haber manejado automóviles en situación de ebriedad y dijo conocer al menos una persona que, producto de ingesta excesiva, terminó hospitalizado por la ingesta desmedida de alcohol. En tanto, cuando se los indagó sobre los riesgos para la salud que implican las bebidas alcohólicas, sólo refirieron efectos inmediatos tales como la “resaca”, descomposturas y náuseas. No pudieron identificar los efectos que trae aparejado el consumo sostenido de alcohol como por ejemplo la deshidratación y distintas enfermedades asociadas.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos viene marcando la cancha: recientemente alertó al Estado argentino por la marcada deficiencia de las políticas públicas que se despliegan a la hora de intentar limitar el acceso que tienen los grupos más vulnerables a las bebidas alcohólicas. La OMS le puso a nuestro país la calificación más baja del continente, junto con Surinam y Barbados. La contracara fueron Costa Rica, Ecuador y Chile.
Si bien los datos son alarmantes, no debemos caer en el facilísimo de estigmatizar a los jóvenes. Hay que abordar la situación basándonos en las motivaciones y factores estructurales que contribuyen al crecimiento de este consumo problemático, teniendo presente que es un flagelo que atraviesa transversalmente a toda la sociedad.