En un contexto donde el acceso a los medicamentos esenciales debería ser una prioridad, la reciente Resolución 42/2025 del Ministerio de Salud plantea serias preocupaciones para personas en situación de vulnerabilidad.
La nueva normativa establece que solo se subsidiará la medicación si el costo supera un salario mínimo vital y móvil (SMVM), actualmente fijado en $279.718, y si existe un riesgo cierto de vida por una enfermedad terminal o crónica grave. En los demás casos, los afectados deberán gestionar una excepción, algo que en la práctica es inviable porque el área encargada de este trámite está vacante.
La situación no podría ser más alarmante. Antes, el subsidio abarcaba medicamentos de bajo, mediano y alto costo para personas vulnerables sin acceso a obra social o programas como PAMI.
Esta cobertura significaba un alivio real para quienes no podían costear tratamientos indispensables. Ahora, con las nuevas restricciones, se corre el riesgo de que muchos queden desamparados ya que la mayoría de los medicamentos esenciales no alcanza el umbral de un SMVM. Es decir, una persona vulnerable con una patología que no amenace de forma inmediata su vida podría no acceder a medicamentos básicos que aseguran su bienestar diario.
Otro cambio inquietante es la omisión de prestaciones fundamentales. El esquema anterior contemplaba el subsidio para alojamiento temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para tratamientos complejos, algo que desaparece en la nueva regulación. ¿Qué sucederá con quienes necesitan trasladarse para salvar su vida? La falta de claridad en estos puntos solo aumenta la incertidumbre y genera una barrera más para las personas que ya enfrentan un sistema de salud colapsado.
A esto se suma la burocracia. La posibilidad de gestionar excepciones depende de la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria, una entidad clave que, paradójicamente, está sin autoridades responsables. Es un callejón sin salida: las resoluciones sugieren caminos que en la práctica no existen.
Este cambio de paradigma no solo pone en riesgo la salud, sino también la vida de quienes más necesitan del Estado. Sin acceso a medicamentos esenciales, una enfermedad crónica puede escalar rápidamente, aumentando el costo humano y financiero para todo el sistema. Estamos ante una medida que prioriza las finanzas sobre el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.
Es fundamental que como sociedad exijamos explicaciones y soluciones claras. No podemos permitir que los sectores socialmente postergados queden librados al azar por políticas que no consideran el impacto real en las vidas que deberían proteger. La salud no es un privilegio, es un derecho, y debemos defenderlo con firmeza.