La Semana Mundial de la Seguridad Vial, que se celebra del 16 al 22 mayo, nos permite realizar algunas reflexiones a quienes nos dedicamos a la defensa y promoción de derechos.
Cuando hablamos de seguridad vial debemos comenzar reconociendo que venimos de un auténtico fracaso global. La Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, no logró alcanzar la reducción del 50% en las muertes por accidentes de tránsito que, según lo estipulado por Naciones Unidas, debería haberse concretado en el período 2011-2020.
Lejos de lo planificado por expertos del organismo internacional, actualmente tenemos que lamentar un luctuoso promedio –sólo en nuestro país- de 11 víctimas fatales por día en siniestros evitables. Un dato no menor es que 1 de cada 4 de las y los fallecidos son personas de entre 15 y 24 años: los siniestros viales matan en la Argentina más jóvenes que el cáncer.
Todo fracaso, en cierta forma, implica un aprendizaje. Y por eso ahora debemos redoblar esfuerzos para que al final de esta década podamos mostrar mejores resultados.
Poner en práctica políticas de seguridad vial implica proteger derechos fundamentales: a la libertad, a la vida, a la salud, a la seguridad personal y a la libre circulación. Por ende lo que está en juego requiere la adopción de un nuevo paradigma que aborde la complejidad de la problemática de forma transversal e interdisciplinaria.
Cambiar la seguridad vial no solo implica mejorar el estado de rutas y caminos; ajustar los límites de velocidad y/o hacer más efectivas las medidas de seguridad de motos y automóviles. Conlleva, además de lo antes mencionado, reforzar y modernizar contenidos preventivos en todos los niveles del sistema educativo y trazar una estrategia que también contemple la estrecha relación que existe entre los accidentes de tránsito, los consumos problemáticos y las adicciones.
El reciente proyecto que envió a la Legislatura bonaerense el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, que establece una modificación del Código de Tránsito para establecer la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de vehículos, es un claro avance hacia el nuevo paradigma que tanto necesitamos. Y por eso abogamos por su sanción en ambas cámaras.
Asimismo, desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en forma coordinada con el Ministerio de Transporte, pusimos en marcha este año una inédita campaña inspirada en uno de los objetivos específicos planteados por la ONU: reducir a la mitad el número de traumatismos y muertes por accidentes de tránsito vinculados al consumo de sustancias psicoactivas. La estrategia diseñada, además de alertar sobre los peligros que implica el alcohol, incluye información clara y precisa de los riesgos que implican para sí y/o para terceros estar frente a un volante luego de haber consumido marihuana, cocaína o drogas sintéticas como el éxtasis.
También resulta auspicioso que en el Consejo Federal de Seguridad Vial se avance con la implementación del Sistema de Scoring, lo que abre el camino a un sistema de alcance nacional que permitirá a cada Provincia trabajar fuertemente en este sentido. A grandes rasgos esta iniciativa establece quita de puntos en licencias de conducir por cada infracción. Los alcances de las sanciones podrán adaptarse a distintas realidades ya sea respetando la diversidad del territorio bonaerense como las particularidades de cada jurisdicción provincial.
Sabemos que nuestras acciones constituyen aportes y es mucho lo que aún resta por hacerse. Pero también entendemos que la construcción y puesta en marcha del nuevo paradigma de seguridad vial, inspirado en la defensa irrestricta de los derechos humanos, ya no admite dilaciones.