- Una persona de entre 15 y 24 años muere por día en accidentes de tránsito y otras 95 resultan heridas en la provincia de Buenos Aires
- Un reciente informe interministerial de la Provincia y de la Procuración da cuenta que, solo en el año 2017, 329 personas de entre 15 y 24 años murieron en siniestros viales ocurridos en territorio bonaerense, y 9519 terminaron con heridas de distintas consideración
- Entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, los accidentes de tránsito son la principal causal de muerte en la Provincia. En esa franja etaria, la siniestralidad vial mata más que el cáncer
- En solo un año, 48 niños, niñas y adolescentes de hasta 14 fallecieron en accidentes de tránsito.
Por Walter Martello
Defensor del Pueblo Adjunto (BA)
El reciente informe “Estadísticas sobre incidentes viales con fallecidos y lesionados” documentó, por primera vez, una metodología que permite obtener estadísticas confiables y consolidadas sobre la siniestralidad vial en la Provincia. Los datos desglosados, correspondientes al año 2017, nos muestran la gravedad del panorama: confirman que los accidentes viales son la principal causa de fallecimiento entre los/as jóvenes de entre 15 y 24 años en territorio bonaerense, registrándose una tendencia decreciente a medida que aumenta la edad.
La iniciativa corrió por cuenta de la Dirección Provincial de Estadística y la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial que convocaron a una mesa de trabajo a todas las instituciones que recolectan algún tipo de información sobre incidentes viales y sus víctimas en territorio bonaerense. Fue en ese ámbito donde se pudo garantizar la comunicación y definición de una misma cifra respecto de hechos, fallecidos y lesionados, eliminando así el margen para la mala interpretación o confusión a la hora de comunicar la problemática. Intervinieron distintas áreas ministeriales (Economía, Salud, Seguridad y Gobierno) y la Subsecretaría de Informática del Ministerio Público de la Provincia.
El relevamiento estadístico consolidado constituye un avance importante para crear una base de datos obtenidos a partir de métodos científicos, siendo un insumo primordial para el diseño de nuevas políticas públicas que permitan salvar vidas, en un contexto mundial donde la siniestralidad vial fue catalogada como una verdadera pandemia.
Si bien el informe fue publicado por la Procuración bonaerense a fines de mayo de este año, sus responsables ya se encuentran trabajando en el desglose de la información del año 2018. En ese sentido, según se desprende del último relevamiento preliminar realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), existen indicios de que habrían aumentado los fallecimientos como consecuencia de los siniestro viales en territorio provincial: de 1369 en 2017 a 1419 en 2018, cuando entre 2016 y 2017 se había registrado una disminución.
Estas altísimas cifras hacen que sea imperiosa la necesidad de generar una política pública que sea creativa, sistemática, unificada y articulada inter-institucionalmente sobre el campo vial, con el claro objetivo de contribuir a un cambio cultural en la conciencia ciudadana.
Al indagar sobre el rol que cumplían las víctimas fatales en los accidentes surge que la mayoría eran conductores varones (44,4%), mientras que las conductoras mujeres representan 10 veces menos (4%), sobre el total de muertes en rutas y caminos bonaerenses. La situación cambia respecto a las víctimas que eran acompañantes en los vehículos siniestrados. Representan el 17% del total de decesos viales. De ese universo, casi la mitad eran mujeres.
En la Provincia, al analizar las cifras oficiales del sistema de salud, surge que los accidentes de tránsito generan más muertes que el cáncer entre los adolescentes y jóvenes adultos de entre 15 y 24 años. A su vez, el costo social a nivel país de las lesiones y fallecimientos -medido en vidas humanas, en potencialidades vitales perdidas, en tratamientos médicos asistenciales, en destrucción de bienes materiales- es colosal. El informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicado en junio de 2019, elaborado en base a datos de 2017, concluyó que ese costo ascendió a $175.655 millones. La cifra actual -aplicándole la inflación acumulada entre 2018 y lo que va de 2019- superaría los $259.000 millones.
¿Qué hacer?
La investigación de carácter interdisciplinaria e innovadora en la forma de estudiar y/o analizar el comportamiento del “conductor-peatón” desde una mirada antropológica, introduce una perspectiva totalmente distinta al paradigma actual (predestinación) desde donde se crean y se ejecutan las políticas públicas para la seguridad vial.
Esta nueva dimensión en el abordaje del factor cultural en la seguridad vial se contrapone a la idea que aún sigue siendo hegemónica y que considera a la inseguridad vial como “accidentes viales”, inevitables por el factor humano y que muchas veces hacen responsables a las propias víctimas. Las políticas públicas en materia de seguridad vial -amparadas bajo este paradigma- cosifican el problema, lo subestima, y supone que los accidentes son procesos independientes, sin relación causal entre ellos.
En cambio, el paradigma de la multicausalidad, toma a los hechos viales como siniestros viales, evitables desde todo punto de vista, generados por diversas causas, generando culpa compartida. Por ello las políticas públicas deben ser abordadas desde diversas disciplinas, activando programas de investigación específicos y teniendo siempre en cuenta que se puede seguir mejorando.
Para reducir el número de incidentes viales y víctimas fatales, tenemos que trabajar sobre el patrón sociocultural de la siniestralidad vial y prestar una mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como peatones, ciclistas y motociclistas. También se deben aplicar nuevas tecnologías en la detección de los puntos negros en las vías de circulación del parque automotor y ampliar -y aggiornar- las capacitaciones en materia de educación vial en las escuelas, desde el nivel inicial hasta la Universidad.
Es necesario hacer especial hincapié en la transformación del habitus vial argentino a través de planes de educación realistas en términos históricos, conceptuales y metodológicos, generando una cadena de transformación de cuerpos indóciles en cuerpos disciplinados cuya legalidad esté integrada y no hojaldrada.