Solo 1 de cada 100 jóvenes imputados es extranjero
Así lo manifestó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. Afirmó que reducir las políticas de Estado a cuestiones ligadas al lugar de nacimiento, o a la nacionalidad que figura en un documento de identidad, puede derivar en una sistemática violación de derechos. Y podría afectar principalmente a niños, niñas y adolescentes.
En territorio bonaerense, los datos oficiales muestran que los extranjeros representan solo el 1% de los jóvenes de entre 16 y 17 que se encuentran imputados por la Justicia Penal Juvenil. En ese sentido, en el año 2017, sobre un total de 2434 jóvenes, el 99% de quienes formaban parte del Registro de Procesos del Niño era de nacionalidad argentina.
“En momentos de crisis, muchos sectores políticos optan por reduccionismos que no constituyen ninguna solución a un problema tan grave y complejo como la inseguridad y el narcotráfico, sino que además puede agravar aún más la situación”, explicó Martello, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Remarcó que medidas similares a las que ahora proponen distintos sectores políticos comenzaron a instrumentarse en Estados Unidos, generando una grave situación humanitaria. En los últimos meses, más de 2000 NNyA fueron separados de sus padres a raíz de las deportaciones, que se aplicaron por distintos motivos: desde haber cometido algún delito hasta tener la visa vencida.
Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que cualquier política migratoria respetuosa de los derechos humanos “debe evaluar, determinar, considerar y proteger de forma primordial el interés superior de la niña o del niño afectado”.
Para el Defensor del Pueblo Adjunto es indispensable ponerle un freno a la estigmatización, discriminación y exclusión de las personas migrantes causadas por la asociación automática entre migración y delito. “Los impactos sociales de las medidas que apuntan a endurecer la política migratoria son enormes porque muchas veces intensifican los prejuicios, la segregación y los conflictos sociales. Y hasta pueden derivar en un aumento de la violencia. Sus efectos más profundos impactan en grupos específicos, como las y los niños, niñas y adolescentes”, agregó Martello.
Por otra parte, el Defensor del pueblo Adjunto consideró que es imposible combatir un flagelo global, como el narcotráfico, “sin trabajar conjuntamente con los gobiernos de otros países, especialmente con las naciones limítrofes”.