Muchos creían que era una heladería. Pero, puertas para adentro, era algo bien diferente. El local no se dedicaba exclusivamente a la venta de cremas heladas y cucuruchos. En realidad, era una fachada de un “emprendimiento familiar” donde madre e hija pasaban horas fraccionando dosis de cocaína y marihuana. Ambas mujeres, tras un operativo policial, quedaron detenidas.
La narcoheladería fue un hecho real, ocurrido hace pocos días en la provincia de Córdoba[1]. Pero no es un episodio aislado. Casos similares -con distintos matices- se vienen registrando a lo largo y ancho de la Argentina, con particular impacto en la provincia de Buenos Aires, dado su tamaño poblacional, a punto tal que la principal causa de encarcelamiento de mujeres son los delitos vinculados al narcomenudeo. Es decir, cada vez son más las mujeres reclutadas para formar parte del último eslabón de la cadena de producción y comercialización de estupefacientes, donde quedan mucho más expuestas en comparación con quienes son la escala superior del negocio.
En tres años, se duplicó la cantidad de mujeres presas por delitos vinculados a las drogas en la Provincia de Buenos Aires. El dato surge de un entrecruzamiento de información, extraída de registros con estadísticas oficiales, realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Otros datos relevantes son:
- Casi la mitad de las mujeres (más precisamente el 44,4%) que están en las cárceles bonaerenses -o cumpliendo con prisión domiciliaria- se encuentran condenadas o procesadas por violación a la Ley de Estupefacientes.
- En 2016 había un total de 741 mujeres privadas de su libertad en la Provincia, acusadas principalmente por narcomenudeo. Ello representaba el 33,5% del total de la población carcelaria femenina.
- En 2019, según el último dato disponible del Registro de Personas Detenidas del Ministerio Público bonaerense, había 1599 mujeres presas y la incidencia trepó al 44,4%, 10,9 puntos porcentuales más que en 2016.
- En términos nominales, en la Provincia hay 858 presas más por narcotráfico que en 2016 y 495 más que en 2018.
- El impacto de los delitos de delitos de droga, como causa de encarcelamiento, es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. Sobre el total de la población carcelaria, constituida en un 94% por hombres, la incidencia de condenados o procesados por delitos de drogas no llegan al 14%, tres veces menos que la incidencia en la población carcelaria femenina.
Una situación similar podemos observar si tomamos los sistemas penitenciarios de todo el país (provincias + Sistema Penitenciario Federal). Como podemos ver a continuación, a partir del análisis de datos que fueron extraídos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la incidencia de los delitos de drogas sobre la población carcelaria total de la Argentina es del 14,8%. Pero, en el caso de las mujeres, supera el 45%.
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A nivel nacional, el incremento registrado fue importante. Casi el 60% en la última década (2008-2018). Pero no llega a la magnitud de lo ocurrido en PBA en los últimos años.
Cabe destacar que, a partir de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes (Ley N. 26.052), sancionada en agosto de 2005, el sistema dejó de ser unívocamente federal. Se facultó a las provincias -mediante una ley de adhesión – a perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes[2].
El límite, en la práctica, resultó difuso. En ese sentido, se estableció que la Justicia provincial debía intervenir siempre y cuando la cantidad incautada de droga fuese más bien escasa. Caso contrario, debía quedar bajo la órbita de la Justicia Federal.
A partir de la desfederalización, el accionar de la Justicia bonaerense se centró, especialmente, en los sectores más frágiles y periféricos de las redes narco. Por ello muchas mujeres que hoy se encuentran presas en la Provincia, acusadas por violación a la Ley de Estupefacientes, eran parte de los últimos eslabones de la cadena de producción y comercialización.
Se trata de una realidad que, con distintos matices, se registra en gran parte de América Latina.
“…a pesar de que en los últimos años las redes trasnacionales del narcotráfico han sido testigos de un cambio de roles y de una participación de las mujeres en funciones laborales de mayor prestigio y responsabilidad al interior de sus organizaciones, se puede observar que el común denominador para las mujeres que ingresan en las filas laborales del narcotráfico, es que llegan a ocupar las últimas posiciones en la cadena de la división del trabajo. Las funciones reservadas para las mujeres en el mundo del narcotráfico, además de ser de las más riesgosas, son funciones en las que la grandiosa rentabilidad del negocio de las drogas no es más que un espejismo»[3]
Gran parte de las mujeres que hoy terminan presas por delitos de drogas, provienen de sectores socialmente postergados. No por casualidad, como lo muestran los siguientes gráficos, más del 57% de las encarceladas estaban desocupadas antes del arresto y más del 45% tenía como nivel máximo de estudios la primaria completa o ni siquiera eso.
La situación social desesperante, el hecho de ser jefas familias o incluso las presiones de sus propias parejas para formar parte del negocio narco, lleva muchas veces a cumplir roles extremadamente peligrosos. Por ejemplo, ser mulas o tragonas, teniendo que recorrer cientos de kilómetros, atravesando fronteras con la sustancia escondida en su propio cuerpo.
En tanto, en las grandes aglomeraciones urbanas, no han sido pocos los casos de mujeres que, incluso adolescentes, fueron encontradas atendiendo bunkers.
Frente a este cuadro de situación hay que señalar -como agravamiento y efecto directo de la pandemia del covid-19- un aumento significativo en la brecha de género[4] que, según estimaciones de organismos internacionales, empujará a muchísimas mujeres, adolescentes y niñas a la extrema pobreza en 2021.
Si antes de la covid-19 se esperaba que la tasa de pobreza de mujeres disminuyera un 2,7% entre 2019 y 2021, las proyecciones ahora apuntan a un aumento del 9,1%[5].
La feminización narco es un producto directo de la pobreza, la exclusión y la desigualdad de género en todo el continente[6]. La Argentina no es la excepción.
El problema de la demanda
Además de hacerle frente a la creciente oferta de estupefacientes, es necesario que las políticas públicas contemplen la demanda. Es decir, el hecho de que muchas mujeres, que terminan atrapadas en redes narco, padecen de adicciones que la llevan a esa situación.
Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierten que, si bien al menos dos veces más hombres que mujeres sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas, “una vez que las mujeres inician el consumo de sustancias (en particular alcohol, cannabis, opioides y cocaína) tienden a aumentarlo más rápidamente que los hombres, razón por la cual pueden llegar también más rápidamente que ellos a sufrir los consiguientes trastornos. Además, las mujeres tienen menos acceso que los hombres al tratamiento necesario”[7].
También se debe tener presente que, durante el último lustro, se incrementó en la Argentina el número de personas trans en prisión, acusadas de delitos de drogas. En la mayoría de los casos también cumplían funciones vinculadas al último eslabón del narcomenudeo.
Según el SNEEP, en 2018, había un total de 143 trans privadas de su libertad, de las cuales el 58% estaban condenadas o imputadas por narcotráfico.
El impacto de las adicciones, en la población trans, también tiene un fuerte impacto. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) viene alertando que el abuso de alcohol y otras drogas (no inyectables) pareciera ser significativamente mayor entre las personas trans VIH positivas. Desde el organismo especializado de salud del sistema interamericano remarcan[8] :
“Algunas comunicaciones personales han puesto de relieve el hecho de que el uso de sustancias no está asociado a un “deseo de festejar” compulsivo, sino a la necesidad de hacer más soportables las dificultades de trabajo sexual (por ejemplo, clientes groseros e indeseables, malos tratos, amenazas y violencia). Otra situación frecuente es que, para ser admitidas en un establecimiento, las trabajadoras sexuales trans están obligadas a beber y alentar a los clientes a beber. Posteriormente, con el fin de reducir los efectos del alcohol, recurren a la cocaína u otras sustancias estimulantes.
El alcohol y otras sustancias pueden reducir la capacidad de negociar los términos de un encuentro sexual, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de infección por VIH y otros patógenos. El consumo de sustancias también puede estar asociado a la búsqueda de situaciones que permitan soportar las realidades”
Posibles acciones
- Es necesario que las políticas de drogas incluyan la perspectiva de género.
- Revisar la Ley N° 26.052 de Desfederalización Parcial de los Delitos de Drogas y avanzar en un nuevo marco normativo que contemple la aplicación del principio de proporcionalidad.
- Propiciar el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva (pulseras, prisión domiciliaria, régimen abierto, etc.), especialmente en el caso de mujeres madres, e instrumentar acciones de capacitación para operadores judiciales respecto a lo que representa la prisión preventiva en mujeres
- Modificación integral de la ley de Estupefacientes para distinguir conductas con distinto grado de reproche y evitar que se penalice situaciones de adicciones y consumo personal.
- Para el caso de internas extranjeras en las cárceles, si ellas dan su consentimiento, facilitar que cumplan la sentencia en su país (mediante la transferencia internacional de personas detenidas por medio de cooperación bilateral).
[1] https://www.carlospazvivo.com/madre-e-hija-detenidas-mientras-fraccionaban-drogas-en-su-heladeria/
[2] La provincia de Buenos Aires adhirió a través de la Ley 13.392
[3] Revista de Estudios de Género. La ventana ISSN: 1405-9436 [email protected] Universidad de Guadalajara México
[4] GÉNERO Y EL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Dimensiones de género en la
Respuesta. CEPAL, 2020. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/genero_y_el_covid-19_en_america_latina_y_el_caribe.pdf
[5] Informe ‘From Insights to Action: Gender Equality’ (De la comprensión a la acción: igualdad de género Según la ONU para el año 2021 se espera que 47 millones de mujeres y niñas más vivan en la pobreza extrema hasta alcanzar un total de 435 millones, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
[6] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/genero_y_el_covid-19_en_america_latina_y_el_caribe.pdf
[7] “En el decenio pasado las consecuencias sanitarias perjudiciales del consumo de drogas aumentaron más rápidamente en las mujeres que en los hombres. En 2015, el aumento del número de AVAD atribuidos a los trastornos ocasionados por el consumo de drogas, especialmente por el de opioides y cocaína, fue mayor en las mujeres (el 25% y el 40%, respectivamente) que en los hombres (el 17% y el 26%, respectivamente)”. https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf
En la provincia de Buenos Aires, la situación también es compleja. Existen solo siete comunidades terapéuticas dependientes del Estado bonaerense. Todas ellas están destinadas a la atención de pacientes hombres. En tanto, respecto a los dispositivos asistenciales, existe un total de 85 instituciones y organizaciones no gubernamentales conveniadas con el Estado nacional (especialmente casas de asistencia y acompañamiento comunitario), pero solamente tres ofrecen la opción de alojar –bajo la modalidad de internación- a mujeres, embarazadas y mujeres con niños. Cabe destacar que estas casas son, en realidad, dispositivos mixtos. Asimismo, la disparidad de plazas es bien marcada. Una de las comunidades terapéuticas solamente tiene plazas para cuatro mujeres.
Esta situación de exclusión pone a la Argentina en una verdadera encrucijada ante la comunidad internacional. Justamente, este año también se celebra el 25° aniversario del momento en que la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas estableció el modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en lo público o en lo privado. El desarrollo de políticas para la prevención y asistencia de las adicciones es uno de los ítems que forman parte de dicha plataforma.
[8] Por la Salud de las Personas Trans: elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe”, Organización Panamericana de la Salud, Diciembre de 2018
https://www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf