En el Día Mundial de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio), desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense adherimos a la estrategia 2022-2025 para América Latina de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).
Durante el último mes, a través de un video institucional, la UNODC alertó sobre una posible nueva crisis global ocasionada por el consumo y comercialización ilegal de drogas sintéticas que son extremadamente peligrosas para la salud humana. Solo basta recordar las cinco muertes por intoxicación que tuvieron lugar en la fiesta electrónica Time Warp de Costa Salguero en 2016 y las 24 muertes de febrero de este año provocadas por cocaína adulterada con carfentanilo, un opioide sintético.
Eso no es todo. Las drogas sintéticas también pueden generar serios perjuicios al medioambiente y constituyen importantes unidades de negocio para organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un fenómeno que se registra a escala global y la Argentina no es la excepción. Factores como la creatividad humana, el fácil acceso y la comercialización digital (Dark Web) son claves para la proliferación exponencial de este tipo de estupefacientes. Asimismo, las drogas sintéticas pueden producirse a toda hora y, prácticamente, en cualquier lugar.
El término droga de síntesis o drogas sintéticas (la más conocida es el éxtasis, pero no es la única) se refiere a un conjunto de sustancias psicoestimulantes, en su mayoría derivadas de anfetaminas. Se trata de estupefacientes que se presentan habitualmente en forma de comprimidos con colores, imágenes o logotipos llamativos y se las denomina vulgarmente «pastillas».
*Estrategia global*
Entre otros lineamientos y objetivos, la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito propone el desarrollo de políticas públicas que estén enfocadas en el paradigma de las 3P: Predecir, Prevenir y Proteger.
La prevención resulta fundamental no solo desde el punto vista sanitario, sino también económico. Estimaciones desarrolladas por la UNODC dan cuenta que, por cada dólar que se invierte en prevención, el Estado ahorra 30 dólares producto de gastos a futuro que debería afrontar por el impacto directo e indirecto de las adicciones.
La nueva situación requiere, necesariamente, la promoción de un enfoque multidisciplinario e integral de políticas públicas que combine la prevención, la interdicción y la búsqueda de un equilibrio entre las estrategias que están enfocadas en la oferta y en la demanda.
Necesitamos, con urgencia, reforzar el abordaje basado en la salud pública y tener presente los vínculos entre las drogas y una serie de aspectos transversales como los derechos humanos, el género, la proporcionalidad de las sentencias por narcotráfico y el desarrollo en general.