El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la medida cautelar que permitía la operación de los casinos flotantes en el Puerto de Buenos Aires, marca mucho más que el cierre de una etapa. Implica, en rigor, la apertura de un nuevo escenario, donde el negocio del juego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podría quedar a merced de una nueva y feroz disputa empresaria.
La sala de juegos está a cargo de Casinos de Buenos Aires S.A, una firma que obtuvo la explotación del servicio en 1999 luego de una licitación convocada por Lotería Nacional. En ese momento, se aprovechó un vacío legal para habilitar el casino en aguas federales, sorteando la prohibición local al juego. El contrato de concesión tenían como controlante a la española Nortia (50%), HAPSA (25%) e Invertclub (25%).
El fallo fue claro: no puede seguir explotándose un casino con una concesión vencida, amparándose en medidas judiciales que suplantan la potestad administrativa.
La Corte reivindicó la autonomía de la Ciudad para definir su política de juegos de azar y le recordó a los actores privados que el régimen de concesiones públicas está regido por el principio de temporalidad: los contratos vencen y su prolongación no puede ser decretada en tribunales.
Ahora bien, si bien el fallo puso fin a la explotación actual basada en un contrato vencido, no cerró la puerta a una eventual relicitación. Por el contrario, dejó implícito que, bajo el marco de la normativa vigente, la Ciudad podría —si así lo decidiera— iniciar un nuevo proceso licitatorio. Y allí es donde asoman los primeros movimientos en las sombras del tablero empresario.
La tentación de quedarse con un negocio millonario —el casino flotante aportaba cifras multimillonarias anualmente en concepto de canon— probablemente movilizará tanto a antiguos operadores como a nuevos jugadores del mercado, que ya están evaluando los escenarios posibles. Recordemos que solo en ingresos brutos la Ciudad percibe un 12% de impuestos a los casinos.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La Constitución de CABA, en su artículo 50, establece que el Estado local debe “restringir” la expansión del juego de azar, debido a sus consecuencias sociales. Además, las normativas actuales prohíben expresamente nuevas concesiones privadas que impliquen un aumento en la oferta de salas de juego.
Por lo tanto, para llamar a una licitación, la Ciudad debería:
• Justificar debidamente la necesidad y el interés público.
• Cumplir un procedimiento licitatorio abierto y transparente.
• Imponer fuertes requisitos de control, responsabilidad social y prevención de adicciones.
• Y, eventualmente, afrontar posibles acciones judiciales de aquellos que consideren que la apertura de una nueva concesión contradice el espíritu restrictivo de su Constitución.
En este marco, cualquier intento de reabrir el negocio de los casinos no solo enfrentará una puja entre empresas —viejas y nuevas— sino también una tensión política y social: ¿es aceptable, en un momento de restricciones económicas y alta sensibilidad social, expandir o relanzar el negocio del juego?
El fallo de la Corte Suprema no solo cerró una puerta; abrió una arena donde empresarios, políticos y ciudadanos tendrán que definir si el puerto seguirá siendo un lugar para el juego o si esa etapa, definitivamente, quedó atrás.
Lo que es seguro es que el juego, a partir de ahora, será otro.