La norma nacional, a la que adhirió Buenos Aires, se promulgó en 2015 y aún no se reglamentó. Entre otros puntos, la ley crea una línea 0800 de atención durante las 24 horas, dispone la instrumentación de protocolos y obliga a las obras sociales a que brinden cobertura asistencial a personas que hayan intentado suicidarse y a sus familias. La OMS pidió que esta problemática sea prioridad en las políticas de salud pública y advirtió que uno de los motivos de los suicidios está vinculado a las adicciones.
El 30 de octubre de 2018, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó una observación general relativa al derecho a la vida, cuyo punto 10 refiere específicamente al flagelo del suicidio. En ese sentido, el Comité considera que los Estados partes deben reconocer que las personas que planifican o intentan suicidarse pueden verse llevadas a ello debido a una crisis momentánea que puede afectar a su capacidad para tomar decisiones irreversibles, como poner fin a su vida. Por tanto, deben adoptar medidas adecuadas, sin incumplir otras obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía internacional en Argentina, para prevenir los suicidios, especialmente entre las personas que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables.
En tanto, desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio, en muchos casos, puede prevenirse. Los datos, a escala global, son estremecedores: el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800.000 muertes, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos.
¿Qué actitud está tomando el Estado Argentina? En el año 2015 se logró un importante avance al sancionarse la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130, a la que adhirió la provincia de Buenos Aires durante el año pasado. La norma, entre otros puntos, establece la habilitación de una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos operadores deben estar debidamente capacitados en la atención en crisis y dotados de la información necesaria referida a una red de derivación y contención. A su vez, ordena que las obras sociales y prepagas, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, brinden cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias. Ello comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento.
Lamentablemente, pese a que transcurrieron más de cuatros años del momento en que se promulgó la ley, la norma sigue sin ser reglamentada a nivel nacional ni en la Provincia de Buenos Aires. Por ende, la implementación brilla por su ausencia, mientras que las estadísticas oficiales indican que todos los días, en Argentina, se suicidan dos jóvenes de entre 15 y 24 años.
En mi rol de Defensor del Pueblo he mantenido reuniones con representantes de municipios y ONG´s ante la preocupación por el aumento de los casos protagonizados por adolescentes y jóvenes adultos. En ese sentido, necesitamos que el Estado articule todos los dispositivos a nivel nacional, provincial y municipal, que ya se encuentran contemplados en el marco normativo vigente. Se deben poner en marcha protocolos de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria. También se debe definir y difundir un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios intervinientes.
¿Qué nos dicen las estadísticas oficiales?
Las estadísticas oficiales muestran una suba de casos a nivel nacional. Teniendo en cuenta solamente la franja etaria conformada por niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años, el incremento fue del 68% a nivel nacional y del 183% en territorio bonaerense, entre los años 2016 y 2017 (últimos datos oficiales disponibles en la Dirección de Estadística e Información de Salud de la Nación).
La mayor cantidad de muertes autoinfligidas se registra en jóvenes de entre 15 y 24 años: 870 casos a nivel nacional (año 2017), de los cuales 238 tuvieron lugar en la Provincia. Los suicidios, a su vez, representan la segunda causa de muerte de los jóvenes de hasta 24 años, luego de los accidentes de tránsito.
La OMS, autoridad internacional en materia de salud, señala que el comportamiento suicida está determinado por un gran y complejo número de causas, entre ellas: los antecedentes familiares, el abuso de alcohol y de estupefacientes y determinados trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia, la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales.
Por esas razones, el suicidio debe enfrentarse como un tema prioritario de salud pública por parte de las autoridades gubernamentales, atendiendo y garantizando la protección de la salud a nivel poblacional, la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concientización, la educación y la investigación en la materia, garantizando con ello, el derecho humano a la salud.
