Cuatro de cada 10 mujeres privadas de su libertad en la Provincia están acusadas de delitos vinculados a la violación a la Ley de Estupefacientes N° 27.737, sancionada en 1989. La aplicación de la Desfederalización agravó el problema, sumado a la creciente judicialización de los casos de tenencia para consumo personal en la provincia de Buenos Aires
El último informe elaborado por la Procuración bonaerense indica que el 36% de las mujeres privadas de su libertad están tras las rejas o con prisión domiciliaria por delitos vinculados a la Ley de estupefacientes. Este porcentaje, que viene aumentando año tras año, es tres veces superior al de los hombres. ¿A qué se debe esta situación? Si bien hay factores multicausales, en muchas ocasiones es la mujer quien se ocupa de la venta de drogas para tapar las conductas infractoras de sus parientes hombres o por razones de sobrevivencia al verse en la necesidad de sustentar los gastos de alimentación de su familia. En ese contexto, dado las escalas penales elevadas, la Ley ofrece el mismo marco punitivo a situaciones que ameritan diferenciarse.
La Ley N° 26.052 de Desfederalización Parcial de los Delitos de Drogas, sancionada en el año 2005 por el congreso nacional, agravó el problema. Por ello, es necesario ir hacia un nuevo marco normativo que contemple la aplicación del principio de proporcionalidad, propiciar el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva (pulseras, prisión domiciliaria, régimen abierto, etc.), especialmente en el caso de mujeres madres, e instrumentar acciones de capacitación para operadores judiciales respecto a lo que representa la prisión preventiva en mujeres.
La Desfederalización provocó un aumento sostenido de causas judiciales relacionadas a la tenencia de drogas para consumo personal, lo que conlleva un despilfarro de recursos en una problemática que debería ser abordada como un tema de salud pública. Mar del Plata es el departamento judicial donde se registra el mayor incremento de este tipo de causas en un contexto donde, desde hace más de 10 años, la Corte Suprema dispuso que es inconstitucional el artículo 14 de la Ley 23.737 que contempla penas de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, la tenencia de estupefacientes surgiere inequívocamente que es para uso personal. Pese al tiempo transcurrido, aún no se ha podido reformar la vetusta norma sancionada en 1989.
