Por Walter Martello
Defensor del pueblo Adjunto de la Provincia
La quiebra de la empresa de turismo Snow Travel SA fue la crónica de una muerte anunciada, una cabal muestra del abismo que muchas veces existe entre los que establecen las leyes y su real cumplimiento. Concretamente, esta compañía, ligada a la organización de viajes de egresados, venía mostrando distintas luces de alarma, que no fueron debidamente atendidas. A saber:
- En los últimos 6 meses, según consta en los registros del Banco Central, emitió 31 cheques sin fondos por un total de $3.905.774
- Durante los años 2016, 2017 y 2018, el Ministerio de Trabajo de la Nación registró más de 60 infracciones cometidas por Snow Travel. Todas ellas por tener personal no registrado, es decir, trabajadores en negro. Gran parte de las multas fueron realizadas en Bariloche, lo que daría cuenta que el personal de esta empresa, a cargo de guiar y cuidar a los estudiantes, desempeñaban tareas en las más absoluta informalidad.
- La empresa arrastra varios juicios por daños y perjuicios, y deudas impositivas. Una de los juicios de apremio fue iniciado por la Municipalidad de Lomas de Zamora. La compañía, además, había sido sancionada en junio pasado por el titular del Juzgado Nacional en primera Instancia N° 2, Fernando Pennaca, quien ordenó cesar la práctica de no acreditar al pago de los servicios finalmente contratados por los clientes consumidores contratantes y, por ende, retener en forma ilegítima las sumas de dinero percibidas a los consumidores adherentes de los servicios en concepto de “seña” y/o “reserva” y/o “inscripción”, y/o cualquiera fuera la denominación empleada referida a la facturación y cobro de una suma de dinero para asegurar la celebración del contrato de servicios turísticos o su cumplimiento.
Ante este cumulo de evidencias, surge el interrogante: ¿cómo es que ningún organismo de contralor tomó intervención y alertó sobre lo que podía ocurrir?, ¿Cómo es posible que la compañía dejó de operar recién a partir de la comunicación de la situación de quiebra realizada por sus propios dueños? Desde el área de Patrimonio y Turismo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que está bajo mi responsabilidad, venimos trabajando para intentar prevenir este tipo de presuntas irregularidades. Como primer paso, buscamos alertar a la población a través de distintas campañas acerca de los recaudos mínimos que se deben tener a la hora de contratar un viaje de egresados.
Por ejemplo, la Ley de Turismo Estudiantil Nº 25.599 establece que las Agencias de Viajes deben contar con un “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”. Esa misma norma, en sus artículos 5º, 6º y 7º, impone una serie de requisitos para el otorgamiento del citado Certificado y la realización de contratos. Las compañías deben acreditar la constitución de garantías suficientes a fin de solventar posibles incumplimientos parciales y/o totales derivados de las relaciones contractuales.
Ahora bien, la letra fría de las leyes de poco sirve si no se cumple. Por ello, tomamos intervención ante lo sucedido con Snow Travel y estamos decididos a defender los derechos de todas las familias bonaerenses que hayan sufrido las consecuencias de algún tipo de irregularidad cometida por empresas o empresarios vinculados al turismo estudiantil.
Snow Travel no puede ser tomado como un caso aislado. En las últimas dos décadas fueron varias las compañías de turismo estudiantil involucradas en distintos escándalos por estafas y prestación de servicios deficientes. El sistema está presentando vericuetos que son utilizados por pseudoempresarios inescrupulosos a los que se les debe poner en freno ya que están en juego la integridad de miles y miles de jóvenes.